La Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha vuelto acordar la suspensión cautelar del derribo del pabellón de reclusos de la antigua cárcel de San Antón, en Cartagena, según fuentes municipales.

Ha adoptado esta decisión hasta que no se resuelva el contencioso que mantiene el consistorio con el Gobierno autonómico sobre el alcance de la declaración de esas instalaciones como bien de interés cultural (BIC).

La resolución, dictada el pasado martes pero que ha trascendido este lunes, mantiene el criterio del TSJRM manifestado en un anterior auto del pasado 3 de mayo en el que accedía a la suspensión cautelar de las demoliciones solicitada por el consistorio con motivo del pleito planteado contra el Gobierno murciano sobre el alcance de los elementos que debían protegerse como BIC.

El auto que corrobora ahora esa suspensión tiene su origen en las disensiones de la Dirección General de Bienes Culturales autonómica para suspender la licencia de demolición de los elementos que no debían ser protegidos, según su criterio, como el pabellón de reclusos y una parte del muro perimetral.

Entre los fundamentos jurídicos tenidos en cuenta por el tribunal se encuentra el hecho de la imposible reparación de estas demoliciones si la sentencia final considera que el pabellón debe calificarse de BIC.

El ayuntamiento mantiene el contencioso por el cambio de criterio que adoptó el Gobierno regional respecto al alcance de la protección, ya que en un primer expediente de BIC que caducó, esa dirección general había abogado por la conservación de todos sus elementos.

Posteriormente, cuando se inició un nuevo expediente, limitó la protección a los muros perimetrales y dejó fuera sus estancias interiores, como los módulos carcelarios y las estancias de los reclusos, algo consustancial a la historia cualquier prisión.

La antigua cárcel fue adjudicada por el Gobierno central en subasta pública a la gerencia del hospital Perpetuo Socorro, que presentó una demanda por prevaricación contra el ayuntamiento por no otorgar la licencia de derribo de parte del inmueble.