El Partido Popular ha censurado hoy que la situación del modelo de ayudas sociales es un lastre para Bizkaia, propone que no se acumulen ayudas sociales y que se acredite la búsqueda activa de empleo. Amaia Fernández, candidata a diputada general, ha analizado además el modelo policial y el aumento de la criminalidad en Bizkaia así como la situación de los centros de Menores Extranjeros No Acompañados. Fernández ha demandado un nuevo modelo de ayudas sociales, que no sean compatibles para las personas en edad laboral activa y que sea obligatorio acreditar un itinerario de búsqueda de empleo para acceder a las mismas. La candidata a la Diputación ha explicado que actualmente hay en Euskadi 55 mil personas que cobran la RGI, un 40 por ciento más que antes de la crisis, y teme que se pueda convertir en una 'renta universal' camuflada y un 'lastre para Bizkaia'. 

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Fernández ha considerado que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es el 'máximo exponente del fracaso del modelo social del PNV' y genera un 'enorme perjuicio económico' a Euskadi y especialmente a Bizkaia, ya que el 61 % de los perceptores son vizcaínos, al igual que 36 de los 40 barrios del País Vasco que tienen más perceptores de esta ayuda. Ha explicado que actualmente hay en Euskadi 55.000 personas que cobran la RGI, un 40 por ciento más que antes de la crisis, lo que constata el 'riesgo' de que se pueda convertir en una 'renta universal' camuflada. 

Amaia fernández también ha defendido aumentar las cuantías complementarias que reciben pensionistas y viudas y crear planes de empleo específicos para las personas 'cronificadas' en la RGI y parados de larga duración, así como para aquellos hogares en los que todos sus miembros están en desempleo. Fernández ha incluido entre sus propuestas en esta materia el control de la inmigración para que solo lleguen a Euskadi personas que 'vengan a trabajar y no a cobrar ayudas sociales'.

Además, en su comparecencia, Amaya Fernández ha insistido en cerrar en Bizkaia los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAS) porque el 'modelo social del PNV hace de Bizkaia el objetivo prioritario de las mafias que trafican con personas' y tienen un presupuesto de 22 millones de euros anuales desde la Diputación. 'Es lo que cierra el círculo' del fracaso del modelo social del PNV junto a las ayudas sociales y el 'caos organizativo' de la Ertzaintza, que es una de las causas del aumento de la delincuencia en Bizkaia y Bilbao, según ha dicho.