El Asesor Jurídico de Tudela ratifica que no hubo irregularidades en la contratación para la reforma de la EDAR

El Asesor Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Tudela, Iñigo J. Torrents Lizar, ha ratificado en un informe fechado a 3 de febrero de 2026 que no existió fraccionamiento ilegal de contrato en la contratación del despacho profesional GESABOGADOS. Dicha contratación estaba destinada a la asistencia jurídica en relación con el proyecto de reforma de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad y la implantación de una planta de biogás.

La ratificación del Asesor Jurídico se produce tras valorar un informe previo encargado por el propio consistorio al despacho ALCAN ABOGADOS & ECONOMISTAS, con fecha de 21 de noviembre de 2025. Este primer análisis ya concluía que la actuación municipal se ajustó a la normativa de contratación pública, una visión que ahora ha sido plenamente respaldada.

El análisis del informe externo

El informe de ALCAN ABOGADOS se centró en determinar si existían los dos elementos clave que definen un fraccionamiento ilícito: la unidad funcional del objeto del contrato y la intencionalidad de eludir la normativa aplicable para evitar la publicidad y el procedimiento exigidos. El despacho concluyó que ninguno de estos supuestos se daba en el caso analizado.

Según el razonamiento de ALCAN, el primer encargo realizado a GESABOGADOS, un informe jurídico de febrero de 2024, tenía un objeto autónomo y “perfectamente definido”. Se trataba de una contratación que, según el texto, “se agota en sí misma” y que podría no haber tenido continuidad. Por tanto, no formaba una unidad funcional con los trabajos posteriores.

Se agota en sí misma

Las actuaciones posteriores, como trámites y alegaciones, surgieron con el desarrollo del propio procedimiento. Ante esta necesidad, el Ayuntamiento de Tudela optó por unificarlas en un segundo contrato en julio de 2024, lo que para los analistas evidencia una ausencia de intención de fraccionar. De hecho, esta agrupación se considera un indicio contrario a la división artificiosa del gasto.

Conclusión del Asesor Jurídico Municipal

En su escrito, el Asesor Jurídico Iñigo J. Torrents Lizar no solo comparte, sino que refuerza la conclusión del informe externo. Considera que el criterio empleado para el análisis es el adecuado y que la argumentación ofrecida resulta “coherente con la idea de que el servicio jurídico prestado se ha configurado como una asistencia variable y no plenamente previsible”.

El informe municipal subraya que la actuación del consistorio no responde al esquema típico de “dividir para bajar la cuantía”. No se aprecia un objeto único que obligara a una licitación conjunta, ya que el primer informe era autónomo y los trabajos posteriores fueron sobrevenidos y ligados a la evolución del expediente.

Dividir para bajar la cuantía

Finalmente, el documento aclara que un tercer presupuesto de marzo de 2025 no puede considerarse como prueba de fragmentación, puesto que fue rechazado y no se tramitó, quedando además integrado en el segundo encargo. Por todo ello, al no concurrir ni la unidad funcional ni la intencionalidad elusiva, el Asesor Jurídico ratifica la inexistencia de fraccionamiento ilegal en la contratación analizada.