El PP de Logroño mantiene sus sospechas sobre las 32 facturas nulas de "Calles Abiertas"

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Logroño pedirá una nueva comisión informativa respecto a las 32 facturas declaradas nulas del programa ‘Calles Abiertas’ y que suponían contrataciones por casi 200.000 euros. La falta de "respuestas claras" en la comisión celebrada ayer, acrecienta las sospechas de los “populares”.

Según el PP, ha quedado evidenciado que "se actuó al margen de lo previsto en la Ley de Contratos" y que muchas de las actuaciones realizadas "nada tienen que ver con la situación de emergencia sanitaria" por la pandemia del coronavirus.

La concejala popular, Celia Sanz, cree que existe responsabilidad política por una gestión oscura e irregular. “No respondieron a cuestiones que se les plantearon sobre cómo se han realizado las contrataciones afectadas, quién decidió las contrataciones o por qué las actuaciones continuaron una vez finalizado el estado de alarma. Se limitaron a recordar lo que recogían los informes de los técnicos de la casa evadiendo las preguntas formuladas”, ha señalado Celia Sanz.

El Grupo Popular insiste en que muchas de las actuaciones nada tienen que ver con la situación de emergencia sanitaria. En este sentido, el concejal del PP, Ángel Sáinz Yangüela, ha citado ejemplos como la ubicación de unos juegos infantiles que “nada afecta a la movilidad, ni garantiza la distancia interpersonal”. Los trabajos de estudio de la intervención realizada en las calles Fundición y Vara de Rey, las propuestas para las calles Madre de Dios o San José u otros cuatro encargos de estudios sobre posibles trabajos a realizar algunos de ellos en fases en Duquesa de la Victoria o Chile entre otras, tampoco encajan en actuaciones de emergencia. Todas estas tramitaciones no son absolutamente necesarias para prevenir los efectos de la pandemia.

Otro ejemplo es que no se cumplió el artículo 120 de la Ley de Contratos, hasta el mes de septiembre continúan iniciándose encargos y ejecutándose cuando la Ley da un plazo de un mes para ejecutar las prestaciones contratadas. “Ya en julio sabían que estaban fuera de plazo, porque así lo recogen los documentos a los que hemos tenido acceso”, ha afirmado Sáinz.