Choque en Fornells por el estado de dos perros: la protectora de Maó acusa inacción y el Ayuntamiento defiende que cumplen la normativa

La situación de dos perros en Fornells ha abierto un fuerte debate en Menorca. La Protectora de Animales de Maó alerta de que los canes, confinados en un espacio mínimo y bajo altas temperaturas, no cuentan con condiciones dignas, especialmente uno de ellos, de 14 años y enfermo de cáncer. En cambio, el Ayuntamiento de Es Mercadal sostiene que, tras varias inspecciones, los informes técnicos garantizan que los animales cumplen con la normativa vigente.

La denuncia de la protectora: espacio reducido y un perro enfermo

Desde la protectora señalan que los dos perros disponen de apenas tres metros cuadrados, con una caseta y un patio que limitan gravemente su movilidad. Los vídeos difundidos en redes sociales muestran al perro más mayor con graves dificultades para respirar en plena ola de calor, lo que ha generado una gran preocupación entre vecinos y activistas.

La secretaria de la entidad, Marga Pons, critica que el consistorio no haya ordenado aún el traslado de los animales a un centro de acogida público. A su juicio, el Ayuntamiento dilata decisiones mientras espera a que el propietario presente un certificado veterinario, con plazo hasta el 26 de agosto. Para la protectora, esta espera supone un riesgo evidente para la salud del animal enfermo, cuya calidad de vida se deteriora cada día.

La entidad asegura que la situación vulnera varios artículos de la normativa de bienestar animal e incluso podría incumplir la ordenanza municipal, que obliga a condiciones específicas si los perros superan los 25 kilos de peso. Para comprobar este extremo, la protectora recuerda que basta con llevar a los canes a un centro de acogida donde se dispone de báscula. En cualquier caso, consideran que el espacio y la falta de ventilación ya son motivo suficiente para ordenar medidas preventivas inmediatas.

Además, la protectora insiste en que el propietario tiene la posibilidad de trasladar voluntariamente a los perros a un centro de acogida, sin renunciar a su titularidad, pero no lo ha hecho hasta el momento. En este sentido, reclaman que el Ayuntamiento ejerza sus competencias y actúe para evitar un sufrimiento que consideran innecesario.

La versión municipal: inspecciones favorables y certificación pendiente

El Ayuntamiento de Es Mercadal emitió un comunicado en el que detalla las actuaciones realizadas desde abril. La policía local ha visitado en varias ocasiones la vivienda y ha acompañado tanto al SEPRONA como a una veterinaria del Consell Insular para evaluar el estado de los perros.

Los informes concluyen que, al tratarse de perros de caza, se rigen por una normativa específica y que las condiciones actuales cumplen con la legalidad. El consistorio admite la preocupación ciudadana, pero recuerda que no puede actuar sin el aval técnico y jurídico correspondiente. Por eso, pese al malestar vecinal, insiste en que sus manos están atadas hasta que existan pruebas médicas adicionales.

El pasado 13 de agosto, el Ayuntamiento requirió al propietario que presente un certificado de salud emitido por su veterinario habitual, que incluya peso, raza, vacunas, estado general y posibles tratamientos en curso. Una vez recibido este documento, la administración decidirá si son necesarias nuevas medidas para mejorar la situación de los animales y atender las quejas vecinales, siempre dentro del marco legal.

Mientras tanto, la protectora impulsa una campaña de recogida de denuncias ciudadanas. Ya se han registrado más de 40 escritos en la Carpeta Ciudadana y de forma presencial en el Ayuntamiento, y se preparan nuevas acciones en redes sociales para visibilizar el caso. Además, la entidad anuncia que se presentará en el consistorio para exigir medidas inmediatas, reforzando la presión social sobre una administración que, según dicen, no está aplicando con rigor la normativa de bienestar animal.

El caso refleja una tensión creciente entre la percepción de los vecinos y las protectoras, por un lado, y los informes técnicos de las instituciones, por otro. El debate sobre qué significa realmente “cumplir la normativa” en materia de bienestar animal vuelve a estar sobre la mesa, en un contexto social cada vez más exigente en cuanto a la protección de los animales.