La Policía Nacional ha desplegado en la Jefatura Superior en las islas a los agentes especializados en seguridad y protección aérea que asumirán las funciones de policía administrativa de aviación civil, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en general, y la seguridad aérea y operacional en especial.

El cuerpo dispone de un sistema de inteligencia artificial que detecta vuelos no autorizados de drones. Este mecanismo aporta en cada alerta registrada la ubicación exacta del dron y de su piloto para que una patrulla de agentes pueda dirigirse al lugar de inmediato.

La propia Ley de Seguridad Aérea establece, en este sentido, sanciones por infracciones leves, graves y muy graves, que van desde el apercibimiento a multas de un mínimo de 60 y un máximo de 225.000 euros.

Otros de los recursos con los que cuentan los agentes de la Policía Nacional son los diferentes sistemas de neutralización a través dispositivos portátiles, móviles o fijos que anulan el funcionamiento de un dron.

Por si fuera poco, la jefatura dispone de drones con un abanico muy amplio de actividad que abarcan labores de seguridad ciudadana, orden público, investigaciones y servicios humanitarios. Estos dispositivos se convierten en una herramienta necesaria para unidades especializadas que necesiten de su empleo para alcanzar lugares inaccesibles.