Guerra por Sa Feixina: el Gobierno central busca su demolición mientras Palma blinda el monumento
La asociación conservacionista ARCA advierte: "No es un monumento fascista, es patrimonio protegido por los tribunales"
Mallorca - Publicado el
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El futuro del monumento de Sa Feixina, en Palma, ha vivido este jueves un capítulo de máxima tensión institucional. En un giro de guion simultáneo, el pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la modificación del plan general (PGOU) para catalogar el monumento, otorgándole así la máxima protección patrimonial.
Esta decisión se ha producido, precisamente, el mismo día en que el Gobierno central ha anunciado que incluirá el monolito en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.
El Ministerio abre la puerta a la demolición
La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, trasladada por el secretario de Estado Fernando Martínez a la asociación Memòria de Mallorca, supone un "paso adelante muy importante" para los colectivos que reclaman su derribo. Según estas entidades, la integración de Sa Feixina en este censo estatal abre la vía para iniciar un nuevo proceso judicial que avance hacia su demolición definitiva, a pesar de que el monumento ya fue despojado de su simbología original.
Sa Feixina
ARCA: "Es un hito que clama contra las dictaduras"
Desde la asociación ARCA, su portavoz Àngels Fermoselle ha criticado con dureza la "obcecación" del Gobierno de España, vaticinando que la iniciativa tendrá "poco recorrido". La entidad conservacionista recuerda que los tribunales ya han blindado el valor patrimonial del elemento, que está catalogado y protegido por la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares.
Para ARCA, no se trata de un símbolo fascista, sino de un "elemento arquitectónico racionalista" creado por el ilustre Francisco Roca Simó. Fermoselle defiende que el monumento ya fue adaptado por unanimidad política durante la etapa de Aina Calvo "Sa Feixina clama contra las guerras y las dictaduras; eso es lo que dice el hierro troquelado que lo envuelve", recuerda la portavoz de ARCA.
Un conflicto de interpretaciones
La polémica radica en la interpretación de la Ley de Memoria Democrática. Mientras el Ministerio busca su eliminación, ARCA sostiene que la propia ley garantiza la conservación de los elementos con valor patrimonial, obligando en todo caso a su contextualización, algo que consideran que ya se ha cumplido en Palma.
"El problema es cuando se hacen interpretaciones intransigentes y se falsea la realidad", lamentan desde ARCA, quienes seguirán trabajando para evitar la destrucción de este hito de la ciudad.