El Defensor del Pueblo ha recordado en su Informe Anual la obligación de las comunidades autónomas en la que exista cooficialidad lingüística de cumplir de la Ley de Tráfico que establece que "las indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado".

Para la institución que preside Francisco Fernández Marugán "es indudable" la "claridad" del artículo 56 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establece el uso del español en las señalización y recuerda a las administraciones "autonómicas y locales con competencias en materia de tráfico que "deben ajustar su actuación a un escrupuloso cumplimiento de la legalidad".

En su informe, Marugán menciona el caso de la reclamación de un residente gallego cuyo vehículo fue denunciado en tres ocasiones por el Ayuntamiento de Palma durante su estancia en la ciudad por estacionar en una zona restringida.

Este ciudadano presentó su queja ante el Defensor del Pueblo alegando que no entendía la señalización por estar en catalán. Pese a ello, su denuncia fue desestimada porque las fotografías aportadas para fundamentar la queja evidenciaban que las indicaciones de la señal eran "perfectamente comprensibles" para una persona que no hablara catalán.

"Es incontestable que la indicación 'Àrea Circulació Restringida' y 'excepte autoritzats' se corresponde con la indicación en castellano de 'Área Circulación Restringida' y 'excepto autorizados', y que dichas expresiones pueden ser entendidas por los castellano hablantes", ha alegado la institución que preside Francisco Fernández Marugán, pese a lo que se ha dirigido al Ayuntamiento de Palma de Mallorca para recordarle "sus deberes legales" e instarle a "proceder a la revisión de las sanciones impuestas".