La Asociación de Establecimientos de Ocio Nocturno y Diurno y Entretenimiento de las Illes Balears (ABONE) denuncia que, también este año, se están organizando ya Party Boats en Playa de Palma.

Según el presidente de dicha patronal, Miguel Pérez-Marsà, estamos ante una nueva temporada turística en la que, si el Govern de Armengol no hace nada al respecto, se van a repetir, una tras otra, las fiestas en los barcos.

Te recordamos que, en principio, las party boats están prohibidas en Baleares desde hace dos años. De hecho, en agosto de 2020, el Govern quiso dar un paso más allá para controlar todo el ocio en Baleares; especialmenbte porque en ese momento se podía poner en más riesgo a la población por el aumento de casos de coronavirus. Así pues, la presidenta Francina Armengol anunciaba en rueda de prensa que quedaban prohibidas las party boats y las fiestas diurnas en locales con piscinas. En este sentido, también señalaba que no se podrian vender bebidas alcohólicas en embarcaciones de transporte de turistas.

LEY DE EXCESOS FALLIDA

Con la Ley de Excesos aprobada por el Govern de Baleares, se prohibieron, además, las barras libres, los ‘happy hours’ y los 2x1 para intentar frenar los excesos del ‘turismo de borrachera’. De esta forma, el Ejecutivo Armengol se marcaba como objetivo el restringir el uso del alcohol en Magaluf, Playa de Palma, El Arenal y Sant Antoni, las zonas más masificadas por este tipo de viajeros.

Pero una cosa son las intenciones y la otra lo que es la realidad. Y al igual que ya se están organizando Party Boats, desde ABONE esperan que el decreto aprobado este lunes contra las fiestas ilegales “no quede, también, en agua de borrajas”.

Recuerda que en el decreto ley aprobado ayer contra las fiestas ilegales, el régimen sancionador incluye a los organizadores y a las personas que se lucran con estas actividades.

También a los participantes, a quienes colaboren en la organización, incluidas empresas, y a las personas propietarias de los espacios en los que se celebre la fiesta ilegal.

La inclusión de propietarios y profesionales y empresas organizadoras como responsables es otra de las novedades del decreto.

Las multas van de 300 a 300.000 euros en función de la gravedad de la sanción y las molestias a las vecinos se considera un agravante.