El Supremo anula la participación de la Diputación de Lugo en Tragsa y los posteriores encargos
La sentencia da la razón al PP y declara ilegales las decisiones del gobierno de PSOE y BNG por saltarse la ley de contratos y la libre concurrencia
Lugo - Publicado el - Actualizado
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El Tribunal Supremo ha anulado la compra de una acción de Tragsa por parte de la Diputación de Lugo y todas las posteriores encomiendas de gestión a la empresa pública. La sentencia, que es firme, estima íntegramente las pretensiones del Grupo Provincial Popular y declara nulas las actuaciones impulsadas por el gobierno bipartito de PSOE y BNG en la institución provincial.
Según han informado en rueda de prensa los tres últimos portavoces del PP en la Diputación de Lugo, Elena Candia, Javier Castiñeira y Antonio Ameijide, la resolución judicial, con fecha de 22 de enero, considera que las decisiones adoptadas por el ejecutivo provincial son “ilegales”. Los populares han afirmado que la sentencia deja claro que los socios del bipartito “no están por encima de la ley y que por mucho que lo crean, no son impunes ni lo van a ser”.
Un atajo para esquivar la ley
Según han explicado los representantes del PP, la operación buscaba eludir los procedimientos legales de contratación. “Lo que hicieron fue saltarse la ley de contratos, los procedimientos de contratación y la libre concurrencia de licitadores”, han señalado.
Lo que hicieron fue saltarse la ley de contratos, los procedimientos de contratación y la libre concurrencia"
Presidenta provincial del Partido Popular
Los populares sostienen que la compra de la acción de Tragsa se realizó con “una clara intención política de extinguir Suplusa”, la empresa pública provincial, y adjudicar trabajos de forma directa a la otra compañía. Afirman además que esta “decisión de calado” fue adoptada de forma unilateral por el entonces presidente, José Tomé, “sin consultar con el pleno”.
Largo recorrido judicial
El proceso judicial comenzó cuando el PP acudió al tribunal contencioso-administrativo de Lugo, que le dio la razón en marzo de 2022. Sin embargo, el gobierno provincial recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que admitió su apelación, lo que llevó al Grupo Popular a elevar el caso ante el Tribunal Supremo.
Desde el PP subrayan que “el primer éxito fue conseguir que el Tribunal Supremo actuase”, ya que su decisión sienta jurisprudencia a nivel nacional sobre los límites de las administraciones en este tipo de operaciones. La sentencia, según los populares, “pone de manifiesto la actitud dictatorial permanente del PSOE y del BNG, la prepotencia y la soberbia”.
No están por encima de la ley y por mucho que lo crean, no son impunes ni lo van a ser"
Portavoz del grupo provincial del PP de Lugo
El futuro tras la sentencia
Tras el fallo, se abren interrogantes sobre el futuro de la participación en Tragsa, los encargos ya realizados y los trabajadores de Suplusa que fueron transferidos. Los populares lamentan que la Diputación de Lugo “sea ejemplo a nivel nacional de lo que no se debe hacer”.
Finalmente, el PP se pregunta si se asumirán responsabilidades políticas. “Debería de haberlas, pero estos dos partidos nos han demostrado en las últimas fechas que ya no es que no haya responsabilidad política, es que han perdido el respeto a la ética, la moralidad y la decencia”.
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