El juez cierra la investigación sobre la ORA en Lugo con cuatro personas imputadas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha concluido la investigación relativa a la supuesta adjudicación fraudulenta, en 2009, del contrato para gestionar el sistema ORA en el Ayuntamiento de Lugo, una de las piezas en la conocida como Operación Pokemon, instruida inicialmente por la jueza Pilar de Lara.

El juez ordena que la causa se siga contra cuatro personas, por los delitos de cohecho e integración en grupo criminal, y considera que el supuesta fraude investigado pudo haber generado un beneficio ilícito estimao en 13,6 millones de euros.

En concreto, la causa se seguirá contra el que fuera edil de Urbanismo, Francisco Fernández Liñares, que ejerció como concejal entre los años 1999 y 2008; el que fuera delegado de la emrpesa Setex Aparki, el presidente y fundador del grupo Vendex y el delegado de esa empresa en Galicia.

El juez descarta la posible existencia de un delito de tráfico de influencias porque entiende que “no consta acreditado suficientemente la influencia concreta ejercida por ninguno de los investigados para obtener la adjudicación”.

Los supuestos hechos delictivos estarían relacionados con el concierto de los cuatro investigados para amañar el concurso de la ORA en el año 2008 y que Vendex, en concreto su filial Doal, se hiciese con el contrato de forma “fraudulenta, contraria a la legalidad y al principio de libre competencia, así como sobre “el soborno pagado como contraprestación por lo anterior”.

“Así lo pactaron, según resulta indiciariamente de lo actuado, los cuatro investigados en el año 2008”, indica el instructor en la resolución, en la que señala que hay indicios de que el concejal investigado actuó “como interlocutor político del Ayuntamiento de Lugo” para lograr hacer efectiva esa adjudicación, “con la ilícita contraprestación de 3.500 euros a devengar cada mes, sumando 42.000 euros al año, que él percibiría en pago por sus gestiones”.

Sin embargo, señala que no consta que el edil “hubiera realizado ningún tipo de presión o influencia en el Ayuntamiento de Lugo para lograr los objetivos pactados”.

En el auto explica que al concurso público presentaron ofertas económicas Doal y otras tres empresas de la competencia, siendo definitivamente adjudicado a la primera, en marzo de 2009, “tal y como habían acordado los investigados, en perjuicio de las demás empresas concurrentes, de la libre competencia, y de la eficacia y economía de la actuación administrativa”.

Aunque ese concurso fue posteriormente anulado, en mayo de 2011, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo, “la ilícita adjudicataria, Doal, siguió prestando los servicios de la ORA hasta que, en julio de 2015, la entonces alcaldesa -Lara Méndez- resolvió suspender la operatividad de la ORA hasta que se realizara una nueva adjudicación”.

“Pese a la anulación judicial por sentencia definitiva, la fraudulenta adjudicataria mantuvo la prestación de sus servicios y también perduraron las consiguientes contraprestaciones a su favor”, subraya el magistrado, quien asegura que también existen indicios de que “se abonaron las cantidades pactadas antes mencionadas desde el inicio de la prestación del servicio, en 2009, hasta, al menos, septiembre de 2012”.

EL DINERO LLEGABA EN SOBRES

Para ello, se hicieron reintegros “en efectivo en entidades bancarias de Madrid, previa entrega de cheques bancarios expedidos por el presidente del grupo Vendex, y de importe inferior a 3.000 euros”.

En el auto relata que se enviaba el efectivo a la sede del grupo empresarial en Madrid, desde donde, a su vez, se remitía por una empresa de transporte a A Coruña, a la atención del responsable del grupo Vendex en Galicia, “en un sobre blanco, oculto el dinero dentro de hojas del periódico deportivo Marca”.

Los envíos, según la resolución, se realizaban trimestralmente, “habiéndose detectado un total de 12 envíos desde abril de 2011 a enero de 2012 a Galicia”.

El juez señala que esos envíos estaban “minuciosamente organizados y controlados por la organización”. Cuando el responsable del grupo en Galicia los recibía, según el auto, contactaba con el que en ese momento era ordenanza del Ayuntamiento de Lugo y delegado de la empresa Setex Aparki.

Ambos empleaban “lenguaje en clave (se refieren al dinero como “la pintura”, o “los botes de pintura”, “el convenio” o, metonímicamente, “la prensa deportiva”, etc.) e indicaciones falsas, como es propio de las organizaciones y grupos criminales”, además de acordar “el punto de entrega”, en el domicilio del edil investigado, “donde se procedía a la entrega pactada”.

El presunto fraude habría generado un beneficio ilícito estimado de 13.600.000 euros, según el instructor.

OROZCO LIBRE DE SOSPECHA

En cuanto a la colaboración del entonces alcalde de Lugo en la adjudicación a Doal y su posterior ampliación, a cambio de dinero, no "hay indicios de que ello fuera así, más allá de la interpretación de los agentes intervinientes en las escuchas de ciertas referencias”.

Según el juez, no fueron hallados indicios en ese sentido pese a la “amplísima investigación patrimonial llevada a cabo respecto del mismo y su entorno familiar más próximo (esposa e hijas)”, dado que no fueron detectados “incrementos de patrimonio que pudieran reflejar el cobro de algún tipo de comisión, mordida o soborno”.

El magistrado ha dado traslado del auto al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que formulen escrito de acusación para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación.

Además, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto al resto de los investigados. Contra el auto cabe presentar recurso.