Matan a un joven motorista en un accidente en Dumbría (A Coruña) y, años después, su madre llega al Congreso con una petición

En agosto se cumplirán cinco años desde que Josep Boan perdió la vida en una carretera comarcal de Dumbría (A Coruña).  Decimos que murió, pero es más correcto decir que a Josep lo mataron. 

Un coche que circulaba a más de 130 km/h en un tramo limitado a 70 invadió el carril contrario y se llevó por delante la moto en la que viajaba el joven, de solo 20 años. Desde entonces, su madre, Pilar Rosanes, se ha convertido en una activista incansable para lograr una reforma legal que endurezca las penas por exceso de velocidad.

Una tragedia sin reparación

“Yo continúo teniendo a mi hijo, es mi hijo. Lo que no puedo aceptar es que le robaran la vida de una manera tan estúpida, porque es absolutamente estúpido”, afirma Pilar, que sigue hablando de Josep en presente. Aquel accidente también fue presenciado por su padre, que viajaba en otra moto a escasos metros.

 Josep y su familia son de Barcelona. Una vez que lidió con lo más urgente del dolor, Pilar se negó a aceptar que matar a alguien saliese tan barato como le salió al conductor.  Al día siguiente de que su vida se diese la vuelta como un calcetín, la del hombre que mató a su hijo seguía prácticamente igual. Ni siquiera dejó de conducir en un primer momento. El conductor fue condenado a solo dos años de prisión por homicidio imprudente y no entró en la cárcel al no tener antecedentes.

 Un Código Penal desfasado 

A raíz del accidente y del proceso judicial que lo siguió, Pilar comenzó a estudiar la legislación de tráfico y el Código Penal, al ver que matar a alguien en carretera resulta terriblemente barato. Fue entonces cuando descubrió lo que califica como una “barbaridad" jurídica.

“Para que un exceso de velocidad sea delito y no una falta administrativa, debe superar los 80 km/h en vía interurbana y 60 en urbana. Es decir, si alguien va a 190 por la autopista, no es delito; tiene que ir a 201”, denuncia Pilar. En el caso de su hijo, el conductor no fue procesado por conducción temeraria porque no alcanzaba ese umbral, a pesar de que circulaba casi al doble de la velocidad permitida.

“El caso de Josep no es una excepción. Es la norma general. La única diferencia es que su madre escribe y habla. Nada más”, lamenta Pilar, que considera que actualmente “matar a alguien con el coche no tiene consecuencias reales”.

 Josep, vivo en redes sociales 

Fue su actividad en la red social Twitter (posteriormente, X) la que permitió que su causa llegara al Congreso. A través de sus publicaciones, en las que relata su experiencia y denuncia la legislación actual, a Pilar la contactó la diputada de Junts Marta Madrenas.

“Yo empecé a escribir pequeñas historias de mi hijo. No puedo volver a parirlo, pero esto sí que se lo puedo ofrecer. Está muy vivo allí”, explica emocionada. Fue Madrenas quien recabó la información y presentó una enmienda en el Congreso para modificar el artículo 379 del Código Penal.

 La propuesta: bajar los límites para que el exceso de velocidad sea delito 

La petición de Pilar, ahora registrada como enmienda, propone que un exceso de más de 30 km/h en vías urbanas y de 50 en interurbanas se considere automáticamente delito, y que quienes incurran en estas conductas pierdan el permiso de conducir de manera inmediata.

“Un coche es un arma. De la misma manera que no cogeríamos una escopeta y dispararíamos al aire pensando que no hay nadie alrededor, no podemos pisar el acelerador del coche”, afirma Pilar. “Somos muy permisivos con la velocidad. Mucho”, sentencia.

 No busca justicia para ella, sino para los que vienen detrás 

Pilar es consciente de que ningún cambio legal revertirá su pérdida. “Aunque la ley cambiara, a mí esto no me afecta en absoluto. La ley no es por mí”, insiste. Su lucha tiene un objetivo claro: que no haya más madres que pasen por lo que ella ha vivido.

“A veces las propuestas llegan de alguien. Y ese alguien no lo hace en beneficio propio. Solo explica lo que pasa, porque le ha tocado vivirlo”, explica Pilar, que ha recopilado documentación comparativa de los códigos penales europeos para demostrar que España se ha quedado atrás.

Ahora, con la enmienda registrada, la pelota está en el tejado de los partidos políticos, que deben posicionarse y designar a los ponentes para su tramitación. Mientras tanto, Pilar continuará su lucha. No por venganza, sino por memoria y por justicia.