El Tribunal Supremo de España ha rechazado la propuesta de convertir automáticamente a los trabajadores interinos públicos en empleados fijos, una medida que había sido sugerida por la justicia europea. Según el tribunal español, esta conversión automática es “incompatible” con los principios de igualdad, mérito y capacidad que son fundamentales en la selección de personal público.

En nuestra región, al finalizar 2023, se contabilizaban más de 112 mil empleados públicos, representando uno de cada tres asalariados. Esta alta tasa de empleo público ha generado un debate sobre la estabilidad laboral y la temporalidad en el sector.

En COPE, nos planteamos dos preguntas fundamentales: ¿Qué sucederá a partir de ahora? y ¿Prevalecerá la justicia europea sobre la española en este asunto?

Fernando Cumbres, abogado de Cumbres Abogados, ofrece su perspectiva: "Es importante entender que existe un principio de primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional. Ahora, la cuestión queda en manos de los jueces de primera instancia para decidir cómo aplicar las normativas en cada caso. Sin duda, estamos ante una llamada de atención del Tribunal de Justicia Europeo, que busca poner fin a la alta temporalidad en el sector público español".

Cumbres también aborda la cuestión de cómo proceder sin infringir los principios de igualdad, mérito y capacidad: "Lo adecuado sería implementar un procedimiento de adaptación, un proceso de selección que, aunque no tenga el mismo rigor, funcione de manera similar a los concursos de oposición. Estos procedimientos deberían reconocer los méritos de los interinos para transformarlos, pero no una transformación automática, ya que eso sería desigual e injusto para los funcionarios de carrera".

Actualmente, España tiene una tasa de temporalidad del 30% en el empleo público, mientras que Europa recomienda una cifra cercana al 8%. Este desajuste señala la necesidad de reformas significativas en la contratación pública española.

El futuro de este asunto sigue siendo incierto y dependerá de cómo se equilibren las normativas europeas con los principios fundamentales del derecho español. La evolución de las decisiones judiciales en primera instancia será crucial para determinar el rumbo de la estabilidad laboral en el sector público.

Reacción de la Junta de Extremadura

El gobierno regional ha expresado su "máximo respeto" ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Esta decisión preliminar del alto tribunal parece estar en desacuerdo con el posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque aún se espera un fallo definitivo sobre la cuestión de la temporalidad. La postura del Supremo, que también contempla la posibilidad de que los indefinidos no fijos participen en concursos de traslados, respalda las acciones de la Junta, que continúa con los procesos de estabilización en curso. La Junta de Extremadura destaca la urgencia de resolver estas situaciones para "garantizar la seguridad laboral" de los empleados públicos, quienes, como cualquier trabajador, necesitan "estabilidad para sus proyectos de vida". Además, desde el Gobierno de María Guardiola aseguran que "se trabaja constantemente para resolver estos asuntos conforme a la ley y la jurisprudencia vigente", reconociendo la preocupación que esta situación genera.