Extremadura planta cara al Gobierno central por el reparto forzoso de menores extranjeros

La Junta de Extremadura ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley 2/2025, aprobado recientemente por el Gobierno central, que impone el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, esta normativa "invade competencias exclusivas en materia de protección de menores", además de "vulnerar principios como la autonomía, la lealtad institucional" y utilizar "de forma indebida" la figura del decreto ley para abordar una situación estructural que requiere otro tipo de enfoque.

"Se trata de una medida unilateral, impuesta por el Gobierno central, que no respeta los principios de cooperación y solidaridad que deberían regir en un Estado autonómico", ha denunciado un portavoz.

Además, se alerta de que la norma afecta derechos fundamentales como la libertad y la educación, altera el régimen constitucional de competencias y no garantiza la financiación necesaria para acoger y atender a los menores trasladados.

La decisión del Ejecutivo extremeño marca un nuevo episodio de tensión entre algunas comunidades autónomas y el Gobierno central, en un tema especialmente sensible como es la gestión de la infancia migrante.