Crisis del transporte escolar: Las empresas están pidiendo que el Gobierno extremeño asuma compromisos "aun estando fuera de la ley"

La Junta de Extremadura y cinco empresas de autobuses no han llegado a un acuerdo, en la reunión celebrada este lunes, sobre el transporte escolar, a pesar de haber aceptado sus exigencias "con un matiz, que siempre tienen que tener cobertura legal". La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha acusado a las empresas de "nula voluntad" de acuerdo.

Vaquera ha explicado que las empresas exigían que la Consejería desistiera de la acusación particular en la denuncia contra ellas, renunciara a recurrir el auto judicial que negaba las medidas cautelares, y adjudicara directamente las rutas desiertas a las empresas que las prestaban el curso pasado, elevando el precio.

"La Consejería de Educación ha aceptado todas las exigencias de las empresas con un matiz, que siempre tienen que tener cobertura legal", ha resaltado Vaquera, lamentando que esta "obviedad" haya sido la razón por la que las empresas no han suscrito el acuerdo. La consejera ha concluido que las empresas están pidiendo que el Gobierno asuma compromisos "aun estando fuera de la ley", lo que demuestra su falta de voluntad para solucionar el problema.

Pero, ¿cuáles son esas peticiones que estarían fuera de la ley? Vaquera ha puesto varios ejemplos: autorizaciones de los vehículos que están designados para cada ruta (con más de 16 años de antigüedad no está permitido por ley) el cambio de categoría de ruta, reivindicando que se mantengan las categorías, pese a que haya cambios en el número de alumnos, y que no haya ningún cambio de itinerario. 

En esta reunión, el Ejecutivo había aceptado algunas de las reivindicaciones de estas empresas, entre ellas una subida del precio, que supondría un montante más de 1,5 millones de euros