Piden tres años de prisión para una agente de viajes en Cáceres por estafar a sus clientes con paquetes vacacionales

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Cáceres contra la administradora de una agencia de viajes online. El Ministerio Público pide para ella una condena de tres años de prisión por un presunto delito de estafa al vender paquetes vacacionales que resultaron ser un fraude.

Según el escrito de acusación, la procesada, sin antecedentes penales, gestionaba la agencia de viajes en internet desde su domicilio y captaba clientes que pagaban por adelantado sus vacaciones. Sin embargo, no destinaba el dinero a pagar los servicios contratados, como vuelos u hoteles, lo que provocaba que los mayoristas cancelaran las reservas "aprovechando la apariencia de confianza empresarial que le otorgaba su actividad profesional".

El calvario de un matrimonio afectado

Uno de los casos documentados es el de un matrimonio que contrató un viaje en mayo de 2024 por 2.270,77 euros. A su llegada al destino, la pareja descubrió que el transfer del aeropuerto no estaba pagado y tuvieron que abonar 58 euros por un taxi. La situación empeoró al llegar al hotel, donde les comunicaron que su reserva había sido cancelada dos días antes por impago.

Debido al estado de estrés de los afectados, el propio establecimiento les facilitó alojamiento, pero la pareja tuvo que asumir inicialmente el coste de 1.362,70 euros. Además, los billetes de vuelta también estaban cancelados, lo que les obligó a comprar nuevos pasajes por 816,34 euros para poder regresar a España. Posteriormente, la acusada solo reembolsó el importe del hotel.

Petición de tres años de cárcel

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de estafa, con "carácter alternativo a un delito de apropiación indebida". Por ello, se solicita para la acusada una pena de tres años de prisión, la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el mismo tiempo y una multa de ocho meses.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal exige que la procesada indemnice a los perjudicados con 816,34 euros por los billetes de regreso, 58 euros por el taxi y 1.500 euros adicionales en concepto de daños morales, más los intereses legales correspondientes.