Los alcaldes de Sierra de Gata rechazan el proyecto minero para extraer litio y estaño

Los alcaldes de los municipios cacereños de Hernán Pérez, Gata, Santibáñez el Alto, Villa del Campo, Villasbuenas de Gata, Cadalso y Torre de Don Miguel han mostrado su "firme y unánime oposición" al proyecto de prospección minera denominado 'Esperanza' al considerarlo una "grave amenaza".

La empresa salmantina Daytal Resources Spain ha solicitado un permiso de investigación para la extracción de litio, estaño, wolframio y molibdeno que afecta a siete términos municipales de Sierra de Gata.

En este sentido, los alcaldes de los pueblos afectados han firmado un comunicado conjunto en el que rechazan dicho proyecto por cuanto "supondría una grave amenaza, ya que alteraría de manera irreversible el equilibrio ambiental, social y económico de la Sierra de Gata".

Los alcaldes -Pablo Iglesias, Miguel García, Rubén Francisco González, Víctor Manuel Hernández, Luis Fernando Rivero, Francisco Rodríguez y Nazaret Martin- han denunciado la "incompatibilidad" del proyecto minero "con el modelo de desarrollo sostenible de la comarca, basado en el turismo rural, la agricultura ecológica y la conservación del patrimonio natural y cultural".

"La implantación de una actividad minera a gran escala podría ser incompatible con este modelo, ya que provocaría la degradación del entorno y desincentivaría las iniciativas económicas que tanto esfuerzo han costado consolidar", han defendido.

De igual forma, han llamado la atención ante el hecho de que la explotación minera, como está planteada, "supondría la destrucción de hábitats naturales esenciales para numerosas especies de flora y fauna, algunas de ellas protegidas".

Además, han denunciado que la generación de residuos tóxicos y escombreras "podría contaminar suelos y aguas, afectando a ecosistemas frágiles y poniendo en peligro la biodiversidad de la región".

Asimismo, han indicado que la experiencia en otras explotaciones mineras a cielo abierto "demuestra que la restauración ambiental es, en muchos casos, insuficiente o inexistente, dejando secuelas permanentes en el territorio".

También han mencionado que existe un "alto riesgo de contaminación" de acuíferos y cursos de agua debido al uso de productos químicos en el proceso de extracción y tratamiento de minerales.

"Esto podría comprometer el abastecimiento de agua potable para la población y afectar negativamente a las actividades agrícolas y ganaderas, pilares fundamentales de nuestra economía local", han advertido.

El deterioro de la calidad de vida y salud pública, "debido a que las actividades mineras generan ruido, vibraciones, polvo en suspensión y tráfico intenso de maquinaria pesada", es otro de los condicionantes citados por los alcaldes.

En cuanto a la empresa promotora, los alcaldes han asegurado que "cuenta con antecedentes preocupantes en la gestión de explotaciones mineras" y han mencionado el ejemplo de la mina de Los Santos, en Salamanca, "donde la empresa operó una explotación de wolframio desde 2008 hasta su cierre en 2020".

"Tras el cese de actividades, la empresa se declaró en suspensión de pagos, dejando una deuda significativa con los ayuntamientos de Los Santos y Fuenterroble de Salvatierra, ascendiendo a 300.000 euros y 280.000 euros respectivamente", han afirmado antes de agregar que los trabajos de restauración ambiental "quedaron inconclusos, incumpliendo los compromisos adquiridos y dejando una huella ecológica negativa en la zona".

El riesgo de despoblación y pérdida de identidad cultural y la existencia de "beneficios económicos efímeros y externalización de ganancias", también han sido mencionados como argumentos de oposición al proyecto minero.