Once comunidades exigen el cese de Hugo Morán por hacer público el informe del lobo
En el comunicado critican que se está imponiendo un enfoque ideológico que ignora la realidad
Once comunidades exigen el cese de Hugo Morán por hacer público el informe del lobo
Mérida - Publicado el
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La Junta de Extremadura, junto a otros diez gobiernos autonómicos y las dos ciudades autónomas, ha exigido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el cese, o en su defecto, la dimisión, del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Lo acusan de hacer público el informe sexenal sobre el lobo ibérico “sin haber sido tratado ni aprobado en la conferencia sectorial”, lo que ha provocado una fuerte reacción institucional.
En una carta conjunta, firmada por comunidades como Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Andalucía o Aragón, entre otras, se denuncia que la actuación del Ministerio ha roto de forma “abrupta” la relación de respeto y lealtad entre administraciones públicas.
Los ejecutivos autonómicos aseguran que el punto relativo al informe fue retirado del orden del día en la reunión sectorial celebrada el pasado 27 de junio, y que se acordó tratarlo de forma monográfica en una próxima cita fijada para el 11 de julio. Sin embargo, poco después, el ministerio difundió el informe a los medios de comunicación “de manera interesada”, según denuncian.
En el comunicado critican que se está imponiendo un enfoque ideológico que ignora la realidad del medio rural y el papel que juega la ganadería extensiva en la conservación del territorio. Además, cuestionan la validez del diagnóstico presentado por el Ministerio, ya que no se corresponde, afirman, con los datos técnicos recabados por las comunidades en aplicación de la Directiva de Hábitats.
El gesto más controvertido fue la salida del propio Hugo Morán de la reunión sectorial “sin dar ninguna explicación” tras conocerse la filtración del documento, según ha relatado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.
El enfrentamiento marca un nuevo episodio en la ya tensa relación entre el Ejecutivo central y varias comunidades autónomas en torno a la gestión del lobo ibérico, una especie que desde 2021 está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que prohíbe su caza en todo el territorio nacional.