Mérida baja el IBI y el agua con un nuevo paquete de ayudas a las familias para 2026

El Ayuntamiento de Mérida ha anunciado la puesta en marcha de un importante paquete de rebajas fiscales y bonificaciones sociales para el año 2026. El objetivo es aliviar la carga económica de las familias emeritenses, mejorar la accesibilidad y reforzar las políticas de apoyo a los colectivos más vulnerables.

Reducción en el recibo del agua

La medida principal es una reducción del 10% en la cuota fija de la tasa del agua para las viviendas habituales. Esta decisión supondrá una disminución generalizada del recibo y consolida el compromiso del Gobierno municipal con la protección del poder adquisitivo en un contexto de incremento del coste de la vida.

Apoyo a familias y accesibilidad

Junto a esta medida, se establece una bonificación del 60% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para todas las familias numerosas de Mérida. Con esta acción, el consistorio busca reforzar el respaldo a los hogares con mayores responsabilidades familiares.

En materia de accesibilidad universal, se aprobará la exención del 100% de la tasa de ocupación de la vía pública para la instalación de ascensores exteriores y rampas. El objetivo es facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover una ciudad más inclusiva.

Nuevas bonificaciones a vehículos

En el ámbito de la movilidad, se incorporan nuevas bonificaciones en el impuesto de vehículos. Se aplicará un 100% de bonificación del impuesto de rodaje para familias numerosas de categoría especial y un 50% para las de categoría general. Además, los vehículos históricos con más de 30 años tendrán una bonificación del 100%.

El conjunto de estas rebajas fiscales, sumadas a otras políticas como el autobús urbano gratuito, supondrá que el Ayuntamiento deje de ingresar aproximadamente 3 millones de euros anuales. Desde el Gobierno municipal se subraya que esta es una apuesta clara por reinvertir los recursos en el bienestar directo de la ciudadanía.

Estas medidas, según el consistorio, reflejan una gestión económica sólida que permite mantener la calidad de los servicios públicos y, al mismo tiempo, avanzar hacia una fiscalidad más justa, social y progresiva.