Comerciantes del centro histórico exigen a Catalá un cambio radical en la gestión de las Fallas por el "abuso del espacio público"

Un escrito dirigido a la alcaldesa de Valencia reclama abordar "sin demora" la problemática generada por la gestión del espacio público durante las Fallas. El documento denuncia una "inacción prolongada" por parte de las administraciones municipales durante las últimas dos décadas, lo que ha consolidado un modelo de ocupación que califica de "claramente desproporcionado" e "insostenible".

Un modelo de ocupación "desproporcionado"

El texto critica la ocupación intensiva de calles y plazas con carpas, churrerías, puestos de venta y otras instalaciones efímeras que se prolongan "durante prácticamente muchas semanas del mes de marzo". Según los denunciantes, esta situación carece de justificación y obstaculiza la visibilidad y el acceso a los negocios locales, además de generar graves perjuicios para la ciudadanía.

Entre las consecuencias de esta ocupación prolongada se enumeran "cortes de tráfico innecesarios", dificultades de acceso a viviendas y comercios, problemas en el reparto de mercancías y alteraciones en servicios municipales como el transporte público, la recogida de residuos o la limpieza viaria. El escrito subraya el "profundo cansancio y hartazgo" que esta realidad ha generado en amplios sectores de la ciudadanía y el empresariado local.

La fiesta no puede sostenerse sobre el deterioro del espacio público, sobre el perjuicio a la actividad económica permanente ni sobre la resignación de quienes ven alterada su vida cotidiana durante semanas"

Comerciantes del Centro Histórico de Valencia

Inacción municipal y un Bando "vacío"

La queja pone el foco en que la situación actual "no responde a un problema puntual, sino a una acumulación prolongada de decisiones administrativas que han permitido que el abuso del espacio público se convierta en norma". Se argumenta que "la fiesta no puede sostenerse sobre el deterioro del espacio público, sobre el perjuicio a la actividad económica permanente ni sobre la resignación de quienes ven alterada su vida cotidiana durante semanas".

El Bando de Fallas, que debería regular la actividad, se ha convertido en un "documento de escasa eficacia real" que se incumple de forma reiterada. El escrito señala la proliferación de puestos que instalan mesas y sillas o la venta de productos no autorizados, infracciones que se repiten anualmente demostrando la ineficacia de las sanciones económicas.

Otro de los puntos más críticos del documento es el relativo al control. Se afirma que la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas no corresponde a la ciudadanía, y que trasladar a vecinos y comerciantes la carga de denunciar supone "una evidente inversión de responsabilidades".

Diez exigencias para un nuevo modelo

El documento finaliza con diez solicitudes concretas. Entre ellas, se pide revisar de forma integral el modelo de gestión, reducir el periodo de ocupación de las carpas y modificar "radicalmente" el régimen sancionador para que las infracciones conlleven el "precinto inmediato" y la imposibilidad de obtener autorización en años posteriores. Se sostiene que "una Administración que aprueba normas que sabe de antemano que no va a hacer cumplir erosiona su propia autoridad y debilita el principio de legalidad".

Asimismo, se exige que el Ayuntamiento ejerza un control efectivo para no depender de las denuncias ciudadanas, que se proteja el paisaje urbano en zonas históricas y que se garantice el normal desarrollo de la actividad del comercio local. Finalmente, se insta al consistorio a informar públicamente de las medidas que piensa adoptar para corregir un modelo que, a su juicio, resulta "a todas luces, insostenible".