Camino de los cinco años desde la estafa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento Valencia. 4 millones de euros para la compra de autobuses. La protagonista es Celia Zafra, jefe de administración por aquel entonces. Hoy ha sido protagonista en los micrófonos de COPE.

“Estaba sola, no tenía ninguna de las dos directoras, una estaba de baja y otra de vacaciones. Fue el día 3 de septiembre”, recuerda Zafra a la perfección. El gerente tampoco estaba y el gestor que hablaba con nosotros de La Caixa también “estaba de vacaciones”, asegura. Y todos los hechos, insiste, partiendo de la base de que “no tenía la responsabilidad de autorizar las salidas de dinero de la EMT a terceros. Solamente preparaba papeles, documentación”. De hecho, explica que las firmas que autorizan los movimientos son María Rayón y José Enrique García, directora de gestión y gerente respectivamente en la empresa pública.

Sospechas en el banco

Celia fue contactada por una persona de la consultora Deloitte, una llamada que no provocaba el encendido de ninguna alarma porque eran habituales las gestiones conjuntas. Hablaban de una operación de 9 millones de euros y de la necesidad de desembolsar el 60% de la operación. Ese es el punto de partida de la estafa.

“En el primer momento, desde el banco sospecharon que podía ser una estafa y me dijeron que avisara María (Rayón) de que su firma no coincidía con la que tenían en el banco”. Una información que Zafra asegura notificó dando ya por supuesto que “entre ella y el banco había comunicación”. Algo no cuadraba y “así lo han declarado trabajadores de la Caixa eh en sede judicial”.

El papel de los políticos y unas preguntas que buscan respuestas

Zafra recuerda que el alcalde, Joan Ribó, en una de sus primeras declaraciones públicas, centraba el tiro en la propia Celia y también en la entidad bancaria. “¿Por qué no continuó demandando la EMT por la vía civil al banco?”, se cuestiona. Pero hay más interrogantes ¿Por qué no se quiso recuperar el dinero?".

Tampoco encuentra respuestas en el nuevo gobierno municipal, ya que “tampoco han movido ficha”. El dinero, a su juicio, podría ser recuperado y, por lo tanto, “hay algo que se nos escapa a los ciudadanos”.

La causa se encuentra en el Tribunal Supremo, que tiene que resolver un recurso presentado contra lo que dictó el Tribunal de Cuentas, que considera a Zafra responsable contable del robo y le obliga a pagar los 4 millones de euros estafados. Hasta la fecha el consistorio ha recuperado algo más de 100.000 euros.