Los políticos valencianos se suben el sueldo

El decreto ley del Consell que modifica la ley de Presupuestos de 2024 para incluir la subida salarial del 2 % para el personal empleado público de la Generalitat, las universidades públicas y el docente de los centros concertados ha sido convalidado este jueves con el apoyo del PP, PSPV-PSOE y Compromís.

La diputación permanente de Les Corts Valencianes -el órgano equivalente al pleno durante las vacaciones parlamentarias- ha debatido este decreto, al que Vox se ha opuesto, y que ha sido presentado por la consellera de Hacienda, Ruth Merino.

Mediante este decreto ley, los empleados públicos de la Generalitat cobrarán en la nómina de septiembre el incremento salarial aprobado por el Gobierno de España con efectos retroactivos desde el 1 de enero, lo que supone 224 millones de euros de gasto para este año.

El decreto se justifica en que cuando se confeccionaron los presupuestos de la Generalitat para 2024 el Gobierno de España no había puesto en marcha la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2024, ante lo que la Generalitat optó en los gastos de personal, por prudencia financiera, por mantener las retribuciones del personal empleado público en los mismos términos que en 2023.

Tras la decisión del Gobierno central de fijar el incremento retributivo del personal del sector público para 2024, el Consell considera necesario trasladar al ámbito autonómico los mismos criterios y así asegurar la actualización de las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat en los términos previstos en la legislación básica estatal.

En función de este decreto ley, las retribuciones de los miembros del Consell se establecen en 80.173 euros para el president de la Generalitat, 68.297 para la vicepresidenta y los consellers, y 68.281 para los secretarios autonómicos, sin derecho a pagas extraordinarias.

En el caso de los subsecretarios, la retribución es de 14.698 euros de sueldo base más 12.906 euros de complemento de destino y 37.629 euros de complemento específico; y para los directores generales de 14.859 euros, más 13.048 euros y 35.295 euros de complementos. Percibirán dos pagas extra anuales, por importe de una mensualidad de sueldo base.

Asimismo, el decreto ley establece que, si la suma de la variación del IPC armonizado (IPCA) de los años 2022, 2023 y 2024 supera el incremento retributivo fijo acumulado del mismo periodo, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 % también con efectos desde el 1 de enero de 2024.

La diputada del PP Laura Chuliá ha destacado que el decreto cuenta con todos los informes preceptivos favorables y que la actualización de las retribuciones, es necesaria y es "lo más equitativo y justo", por lo que no se entendería otra opción que el máximo apoyo a su convalidación.

El socialista Toni Gaspar ha justificado el voto favorable en que dicen lo mismo cuando están en el Gobierno y en la oposición, aunque ha señalado que el PP la legislatura pasada criticaba una medida que ahora que la hace Mazón resulta que "no es subir sueldo, sino actualizar" .

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que votan a favor porque no quieren "hacer pagar a los trabajadores públicos el precio de la hipocresía" del PP, pero ha aseverado que si el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "fuese coherente con sus palabras debería bajarse el sueldo, no subirlo".

El síndic de Vox, José María Llanos, ha explicado que "no se debe mezclar el sueldo de los políticos con el de los funcionarios" y ha señalado que en su formación están de acuerdo con que los funcionarios perciban los aumentos salariales previstos, pero no con que esto "sirva para camuflar un nuevo aumento del gasto político".