El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en persona visitó el 31 de diciembre de 2019 el límite entre las provincias de Castellón y de Valencia para celebrar el fin de los peajes en la autopista AP-7 tras cuatro décadas de reivindicaciones.

En aquel momento, el Partido Socialista puso en valor que se levantaran las barreras e, incluso, desmontó los accesos a los peajes. Ábalos llegó a Almenara para traer la gratuidad de una carretera de gran capacidad que ya había previsto el Gobierno anterior de Mariano Rajoy al no renovar la concesión.

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Solo año y medio después de ese acto, el Gobierno trabaja ya en recuperar de cara a 2023 los peajes. No solo en esta autopista, en todas las vías de gran capacidad ya sean autovías o autopistas. Así se lo ha remitido a la Unión Europea en el Plan de Recuperación para recibir los fondos de la Comisión Europea para hacer frente a las consecuencias de la covid-19.

De esta forma, el Gobierno pretende recaudar más impuestos y no solamente a través de peajes en autovías y autopistas, también deja la puerta abierta a cobrar por el uso de carreteras nacionales y regionales. Además de establecer impuestos al diésel, por poner un ejemplo.

El coste del peaje sería de unos 4 céntimos por kilómetro, como mínimo dependiendo del tipo de vehículo, por lo que desplazarse entre Castellón de la Plana y Vinaròs supondría un gasto, mínimo, de 2,4 euros o 2,92 euros cuando el desplazamiento sea entre Castellón de la Plana y Valencia.

Pero de cara al futuro, el Gobierno hará que el siguiente ejecutivo tenga que aumentar estos impuestos a los españoles al instaurar peajes en carreteras convencionales como nacionales o regionales.