El Ayuntamiento de Vila-real “puede respirar más tranquilo” desde hace unos días, cuando se conoció la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castelló que desestimaba la reclamación por la que una inmobiliaria ligada a un conocido banco exigía el pago de 14,3 millones de euros más intereses, lo que suponía un riesgo de 16 millones de euros a las arcas municipales.

El alcalde, José Benlloch, ha anunciado que la resolución, que “demuestra que se han hecho las cosas bien”, llegó la pasada semana y ha pasado ya por la Junta de Gobierno. “De todo el tsunami de empastres e ilegalidades urbanísticas del PP, este nos preocupaba especialmente, porque podía suponer la quiebra del Ayuntamiento y muchas dificultades para el futuro, pero hoy sabemos que tenemos un balón de oxígeno”, afirma.

Tal y como ha recordado el primer edil, la historia comienza hace más de una década, cuando la empresa Fritta, ubicada en el Camí les Voltes, se va de Vila-real y una inmobiliaria compra sus terrenos, calificados como industriales. En 2008 se inician los trámites para convertirlos a suelo residencial, “con el objetivo de construir rascacielos de más de 20 plantas de altura”. “El 15 de febrero de 2010, a poco más de un año de las elecciones en las que cambiaría el gobierno municipal, el PP aprueba la recalificación de los terrenos, acción que le valió una notable oposición tanto en el ámbito político como social”, explica, “de hecho, algunos propietarios se unen y denuncian la situación y el 7 de junio de 2013, dos años después del cambio de gobierno municipal, se emiten dos sentencias que anulan la recalificación de terrenos, al considerar que se beneficia a unos pocos y perjudica a una gran parte de la población”. En este momento, según argumenta Benlloch, “la inmobiliaria considera que se le ha provocado un daño y reclama por estos perjuicios, poniéndonos en jaque, ya que la cifra reclamada ascendía a 14,3 millones y, con los intereses, podía ascender a los 16, todo un bombazo para el Ayuntamiento”.

El alcalde destaca la actuación del equipo de gobierno, que “siempre ha defendido los intereses de la ciudad” y ha seguido tres pasos básicos: no pagar lo que no se debe y pedir responsabilidades a quien corresponda; pagar el mínimo que se deba o llegar a acuerdos con propietarios para saldar las deudas con facilidades, y gestionar para reducir y minimizar los riesgos. “Esta sentencia es un claro ejemplo del último paso, ya que nos hemos volcado en la defensa de cada euro de los vecinos”, indica y recuerda que “en 2011 frenamos el expediente, cuando podíamos haberlo continuado y haber desarrollado los terrenos, pero entendimos que eso no se podía hacer, porque era ilegal y nos hemos mantenido hasta el final, hasta que la justicia nos diera la razón”. “Esto demuestra que tomamos una decisión acertada y es un gran respiro para la ciudad”, afirma.

Cabe señalar que se trata de una sentencia recurrible, por lo que “están en su derecho de actuar, pero al menos hemos conseguido no tener que pagar y eso es un gran respiro y una alegría para todos”, expresa, al tiempo que asegura que “nuestra vocación es buscar soluciones y llegar a acuerdos sobre los usos” y se pregunta “qué hubiera ocurrido si el PP, con su prepotencia y secuestro de la ciudad, hubiera seguido gobernando”.