La costa valenciana se rebela: una nueva ley autonómica desafía al Gobierno para frenar la regresión

La situación límite de la costa en la provincia de Castellón ha reunido a todos los actores implicados en un programa especial de COPE Castellón emitido desde Moncofa. Representantes de la Generalitat Valenciana, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), asociaciones de vecinos y alcaldes de localidades afectadas han expuesto un frente común para exigir soluciones a la regresión del litoral. El debate ha puesto de manifiesto la enorme brecha que separa a las administraciones autonómica y locales del Ministerio para la Transición Ecológica, cuya inacción es el principal foco de las críticas.

Dos modelos enfrentados

El director general de Costas de la Generalitat, Marc García Manzana, ha explicado que existen dos modelos de actuación opuestos. Por un lado, el que defiende el Consell, basado en "realizar actuaciones, obras fundamentalmente" como la regeneración de la costa y los aportes de sedimentos. Por otro, la postura del Ministerio, que califica de "radicalmente opuesta": no realizar ninguna intervención y simplemente desplazar hacia el interior la línea que delimita el dominio público marítimo-terrestre.

Esta política ministerial, según ha denunciado García Manzana, "quiebra totalmente la seguridad jurídica" de miles de vecinos en toda la Comunidad Valenciana. Propietarios de viviendas, amparados por negocios jurídicos "totalmente legales" en su día, se ven ahora afectados por "una línea que es móvil" sin que se ejecuten obras previas de protección. La Generalitat, ha asegurado, se posiciona "enfrente del ministerio y al lado de los vecinos" en esta problemática.

Un frente común autonómico y local

Para combatir esta situación, la Generalitat ha impulsado una nueva ley de costas valenciana. Su artículo 17, que protege los núcleos con valor etnológico como las casetas centenarias de Moncofa, busca ser "un freno a esos deslindes", aunque García Manzana admite que "no es el definitivo" y que la solución pasa por un cambio en la legislación nacional. En este sentido, ha denunciado que la mesa del Congreso "está secuestrando totalmente la voz del Senado", que aprobó hace casi dos años una modificación de la ley que aún no se ha sometido a votación en la cámara baja.

Este frente lo completan los propios afectados. El Foro de Municipios de Costa, presidido por el alcalde de Moncofa, Wences Alós, y la plataforma Somos Mediterránea, que agrupa a 54 asociaciones de toda España, articulan la respuesta social. Su portavoz, Manuel López, ha lamentado la sensación de "abandono y desafección" por parte del ministerio y ha afirmado que la nueva ley valenciana supone, por primera vez, "una mano tendida" y una "solución jurídica real" para romper el círculo vicioso.

Nadie más quiere la playa que los que vivimos allí"

Las voces de los afectados

Los testimonios de los vecinos reflejan la diversidad del problema. En Moncofa, convive la satisfacción de la urbanización La Torre, donde, como ha explicado su representante, Mario Poveda, "por fin las máquinas están creando espigones" tras 12 años de lucha, con la incertidumbre de las casetas históricas. Eleuterio Abad, portavoz de estos últimos, ha defendido su valor patrimonial y ha recordado que "nadie más quiere la playa que los que vivimos allí", criticando que la administración no proteja su propio dominio público.

Desde Nules, la abogada Inma Yáñez ha reclamado "actuaciones integrales y no parches", ya que las obras realizadas en una zona de su playa han dejado desprotegido el resto. Manuel López, de la asociación de la playa Babilonia de Guardamar del Segura, ha insistido en que el problema de fondo es la falta de aporte de sedimentos, a menudo retenidos en los embalses, y que la solución no es la inacción. "No actuar es destruir, y además nos sale más caro", ha sentenciado.