El Colegio de Trabajo Social de Castellón denuncia "falta de personal, burocracia y sobrecarga"

La realidad de la provincia de Castellón no difiere de la de muchas otras regiones de la geografía estatal en lo que a los “cuellos de botella” en las valoraciones, y las consecuentes demoras en la asignación de recursos que requiere una aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, se refiere. 

Así lo denuncia el Col·legi Oficial de Treball Social de Castellón, que apunta a la “falta de personal técnico, los procesos administrativos lentos y una sobrecarga estructural del sistema” como los principales obstáculos a superar. “Todo esto hace que los procedimientos se alarguen mucho más de lo razonable, y que muchas personas queden atrapadas en una espera que no pueden permitirse”, sostienen. 

“Lamentablemente esta situación también la vivimos muy de cerca en la provincia de Castellón. Muchas personas y familias nos trasladan que llevan mucho tiempo esperando a que se valore su grado de dependencia o a recibir una resolución. Esta demora supone una vulneración clara de derechos, porque hablamos de apoyos esenciales para el día a día que llegan tarde o, directamente, no llegan”, sostiene, en la misma línea, la trabajadora social Gloria Cantó. 

Desarrolla su labor en COCEMFE Castellón y, aunque indica que como trabajadora social en esta entidad no gestiona directamente los expedientes de dependencia, “sí soy quien recoge, cada día, el malestar, la incertidumbre y la frustración que viven muchas personas usuarias. Y eso me da una visión bastante clara de los obstáculos reales a los que se enfrentan”. 

La primera ley de dependencia se gestó hace 18 años y marcó, indican desde el Col·legi de Treball Social de Castellón, “un antes y un después, porque dejó claro que el acceso a apoyos no es algo opcional ni condicionado, sino un derecho”. “Esto, para quienes trabajamos en el ámbito social, cambia totalmente la forma de acompañar: ya no se trata sólo de ayudar, sino de asegurar que cada persona pueda tomar decisiones, vivir con dignidad y tener los apoyos necesarios para desarrollar su propio proyecto de vida”, refuerza Gloria Cantó, quien añade que la ley supuso “avanzar hacia una mayor equidad, al reconocer que la atención a la dependencia no puede depender de los recursos que tenga una familia, sino que debe garantizarse desde lo público, como una responsabilidad colectiva”. 

El anteproyecto para la reforma de la Ley de Dependencia, 18 años después de su aprobación, es uno de los cometidos de mayor envergadura del Gobierno para este 2025. Aboga por dejar atrás los modelos más institucionalizados y apostar por apoyos que permitan a las personas seguir en sus casas, en su entorno, con los recursos necesarios. 

Un enfoque que defienden desde COTS Castelló. Pero advierten: “Para que este cambio sea real, no basta con que esté en una ley. Hace falta inversión, formación, voluntad política y coordinación entre administraciones. La reforma ha generado muchas expectativas, y es cierto que el planteamiento apunta hacia un cambio necesario, con un enfoque más centrado en garantizar una vida digna en todas las etapas. Sin embargo, en la práctica diaria todavía no estamos viendo resultados claros ni generalizados”, corrobora por su parte Gloria Cantó. 

Emergen aquí las dificultades ya mencionadas, como el acceso limitado a recursos, retrasos en las valoraciones, falta de apoyos suficientes y diferencias notables según el territorio. “Las personas a las que acompañamos necesitan respuestas más rápidas, recursos ajustados a sus necesidades y una atención que realmente esté centrada en su proyecto de vida”, reivindica esta trabajadora social. 

El reto pasa por superar la parte normativa y teórica de la reforma, para consolidar un sistema que garantice derechos y una vida digna para todas las personas. Y para ello, inciden desde el COTS, además de recursos humanos y económicos y esa necesaria coordinación institucional, urge “simplificar los trámites y avanzar hacia un enfoque más ágil y centrado en la persona”.