Cae en Alicante una trama inmobiliaria que estafaba a extranjeros con la compra de vivienda

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Alicante una organización criminal dedicada a estafar a compradores de vivienda. La operación ha culminado con la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer de entre 25 y 42 años, todos empleados de dos inmobiliarias, acusados de delitos de estafa, falsedad documental, coacciones y contra los derechos de los trabajadores.

El inicio de la investigación

La investigación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante, se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas. En ella, se alertaba de una presunta estafa en la compra de viviendas por parte de una inmobiliaria que, además, utilizaba documentación falsa para tramitar contratos de arras y préstamos hipotecarios.

La denunciante también relató haber recibido amenazas y presiones de un trabajador de una segunda inmobiliaria para que anulara el contrato de arras de uno de los pisos. Esta coacción le provocó la pérdida de 50.000 euros que ya había entregado como parte del acuerdo.

Víctimas vulnerables y con prisa

Según se desprende de la investigación, los implicados se aprovechaban del desconocimiento de las víctimas sobre el proceso de compra de una vivienda en España. La mayoría de los afectados eran ciudadanos extranjeros, lo que facilitaba el engaño.

Además, la trama se valía de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban muchos de los compradores. Estos residían en inmuebles de alquiler y debían abandonarlos en un corto plazo, lo que aumentaba la presión para cerrar la compra y los hacía más propensos a caer en la estafa.

Un perjuicio de más de 100.000 euros

El método consistía en ofrecer la adquisición de propiedades en condiciones supuestamente ventajosas. Tras hacer que las víctimas abonaran importantes cantidades de dinero en concepto de reservas y contratos de arras, los instaban a firmar documentación de apariencia oficial, que incluía simulaciones bancarias manipuladas para aparentar la viabilidad de la operación.

Sin embargo, al llegar el momento de formalizar la compra, los afectados descubrían que todo era una estafa. El perjuicio económico ocasionado por la trama supera los 100.000 euros, según las estimaciones policiales.

A este grave daño económico se suma el fuerte impacto personal y social para los afectados. Algunos de ellos invirtieron todos sus ahorros o solicitaron préstamos personales para hacer frente a los pagos, y en los casos más graves, llegaron a quedarse sin vivienda o en situación de extrema vulnerabilidad.

Tras las diligencias, el principal investigado ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante. La investigación sigue abierta, y los agentes continúan las gestiones para identificar a más posibles víctimas de esta red.