Collado Villalba y Moralzarzal son los primeros municipios de la zona noroeste que han solicitado ya, formalmente, la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca Filomena. La última palabra la tiene el Consejo de Ministros.

La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, lo ha hecho mediante una carta que ha remitido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que recuerda las excepcionales circunstancias meteorológicas de este fin de semana, que han ocasionado daños muy importantes en el municipio, sobre todo en las zonas de mayor altitud.

Pasado lo peor, ahora hay que evaluar el impacto que ha producido el temporal, pero se estima que los perjuicios son cuantiosos y afectan tanto a bienes públicos como privados, infraestructuras, viales, centros públicos, arbolado, vehículos.

La declaración de zona catastrófica permitiría acceder a ayudas para hacer frente a los costes. "El Consorcio de Seguros se niega a pagar los efectos de Filomena y yo creo que es algo muy importante para el municipio y para toda la Comunidad. Vamos a ver cómo presionamos para que los seguros puedan cubrir parte de los daños que ha ocasionado el temporal. La declaración pasa por el Gobierno central, que es el que tiene que declarar a una comunidad como zona catastrófica", ha asegurado Mariola Vargas.

También ha pedido esa declaración para Moralzarzal su alcalde, Juan Carlos Rodríguez Osuna, que ha remitido escritos a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid, a la Delegación del Gobierno, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación de Municipios de Madrid.

Rodríguez Osuna ha recordado la cantidad de recursos municipales que ha sido necesario usar para hacer frente a Filomena, como sal, maquinaria, operarios, a los que se han sumado empresas privadas y voluntarios. A esa situación de emergencia se únen los problemas con los suministros de luz, gas o agua (por la rotura de tuberías), además de las urgencias médicas... "en resumen, una situación absolutamente inusual para un municipio de estas características, tanto por tamaño como por población".

Estas peticiones se basan en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que define como catástrofe, "una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad, ocasionando gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad. Esa ley permite, previa declaración, la concesión de ayudas a la Corporaciones Locales para afrontar los gastos derivados de las actuaciones urgentes o subvenciones para infraestructuras.