La ley de urbanismo pactada en Cataluña que no contenta a nadie: "Habrá frustración"

El acuerdo entre PSC y Comuns para los presupuestos de la Generalitat se ha sellado con una medida clave: una modificación de la ley de vivienda. Esta reforma, que pone el foco en limitar la compra a grandes tenedores en zonas tensionadas, ha provocado un rechazo unánime e inmediato por parte de los principales actores del sector. Tanto sindicatos de inquilinos como cámaras de la propiedad han manifestado su profundo desacuerdo con un pacto que, antes incluso de su debate parlamentario, parece no contentar a nadie.

Un veto a la compra con excepciones

El núcleo del acuerdo, fruto de la negociación entre el partido de Salvador Illa y la formación de Jéssica Albiach, establece una restricción significativa. Por primera vez en una comunidad autónoma española, los grandes tenedores —definidos como propietarios de cinco o más inmuebles— tendrán prohibido adquirir más viviendas en los 271 municipios considerados como mercado residencial tensionado, un área que abarca a más del 90% de la población catalana. El objetivo, según defienden desde los Comuns, es frenar la especulación.

La prohibición, sin embargo, contempla dos excepciones notables. Un gran tenedor podrá comprar un nuevo inmueble si este se destina a su propia residencia habitual. De forma alternativa, podrá adquirir un edificio entero, pero con la obligación de poner todos los pisos en el mercado de alquiler al precio que marque el índice de precios de alquiler de esa zona tensionada. La portavoz de los Comuns, Jéssica Albiach, ha defendido la medida asegurando que, aunque no pueden impedir la compra, sí pueden condicionar su finalidad. "Con la nueva proposición de ley en Cataluña, nadie podrá comprar para especular", ha sentenciado.

La compra de vivienda será para vivir en ella o para alquilar a precio de índice"

Los inquilinos la ven 'insuficiente y cosmética'

La respuesta de las organizaciones en defensa de los arrendatarios ha sido de profunda decepción. Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha calificado el acuerdo de "descafeinado" y sostiene que no solucionará el problema de fondo. Según denuncia, la ley nace con importantes agujeros, ya que no prohíbe la práctica especulativa más evidente: el ‘flipping’ inmobiliario. "No queda prohibida la práctica especulativa más clara, que es comprar una vivienda, no renovar al inquilino y venderla más cara al poco tiempo", ha criticado.

Aragonès también señala que la regulación deja fuera a los propietarios de menos de cinco viviendas, quienes podrán seguir comprando para especular. Además, lamenta que la aplicación efectiva de muchos límites quede en manos de los ayuntamientos, lo que podría diluir su impacto. Para el Sindicat, anunciar medidas sin efecto real sobre la vida de la gente solo sirve para crear más descontento.

afecta al derecho a la propiedad, a la libertad de empresa y a la igualdad"

Los propietarios alertan de su inconstitucionalidad

En el lado opuesto, la reacción ha sido igual de contundente. Óscar Gorgues, de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, ha advertido de que la reforma invade competencias civiles y podría ser inconstitucional. A su juicio, el texto "afecta al derecho a la propiedad, a la libertad de empresa y a la igualdad". Gorgues plantea un desequilibrio territorial importante: "Los catalanes podrán comprar fuera de Cataluña, pero los de fuera no podrán comprar en Cataluña". Esto, augura, difícilmente pasará el filtro del Constitucional y derivará en un importante conflicto jurídico.

Gorgues prevé consecuencias económicas graves y recuerda fracasos pasados como la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda social, una medida que, en sus palabras, "provocó la paralización de la obra nueva en Barcelona". El representante de los propietarios sostiene que esta nueva regulación ahuyenta a los grandes inversores, que son precisamente quienes tienen la "capacidad de regenerar el patrimonio inmobiliario y ponerlo al día". Acusa a los Comuns de impulsar una política populista que "está gripando el motor de la inversión" y que, paradójicamente, terminará por reducir la oferta de vivienda.

El pacto llega así al trámite parlamentario rodeado de polémica y sin el aval del sector. Mientras los inquilinos lo consideran una medida cosmética que no ataca la raíz de la especulación, los propietarios lo ven como un ataque frontal al derecho a la propiedad que traerá inseguridad jurídica y conseguirá paralizar el mercado. El pacto, nacido como medida estrella del acuerdo presupuestario, ha logrado unir a los dos extremos del debate sobre la vivienda, pero en su contra.