El Gobierno y la Generalitat pactan una financiación singular, pero generalizable

Desde ERC han advertido que no van a aceptar una Agencia Tributaria Catalana subordinada a la estatal

ATC

Exterior de la Agencia Tributaria de Cataluña

Yolanda Canales

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña van a dar un paso significativo con relación al sistema de financiación autonómica en general y en particular para Cataluña, porque en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que se va a celebrar este lunes, se va a dar luz verde, se van a sentar las bases para  un modelo tributario "singular" para Cataluña, pero también se podrá "generalizar" a otras comunidades autónomas que así lo deseen. 

El acuerdo, según avanzan El País y El Periódico,  establece que la Agencia Tributaria de Cataluña asumirá progresivamente un papel más relevante en la gestión compartida del IRPF junto con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Como modelo a seguir, se toma el precedente del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), donde la ATC ya utiliza herramientas de la AEAT para asumir tareas de gestión. Este esquema se replicará ahora en el IRPF y otros impuestos, abarcando funciones como la asistencia al contribuyente, la gestión y el control tributario. 

Aunque el pacto no contempla que la Generalitat recaude el IRPF de forma exclusiva en 2026, sí deja la puerta abierta a un mayor protagonismo fiscal para Cataluña en el futuro. El texto acordado subraya la voluntad de "profundizar en el autogobierno" catalán mediante el desarrollo de una hacienda propia, compatible con un "modelo tributario federal" que permita a todas las comunidades autónomas del régimen común —excluyendo País Vasco y Navarra— asumir mayores competencias en la gestión, recaudación e inspección de sus tributos. Este enfoque, según fuentes de la negociación, busca evitar acusaciones de privilegios hacia Cataluña, una preocupación recurrente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

gestión tributaria "en red"

El acuerdo apuesta por un "modelo de gestión tributaria en red", promoviendo la coordinación entre la AEAT y las haciendas autonómicas, lo que permitirá a otras comunidades replicar los avances pactados con la Generalitat. Aun así, el camino, el camino hacia esta reforma no va a ser fácil, ni mucho menos. 

Desde ERC rechazan que la ATC pueda quedar en una posición de "subordinación" frente a la AEAT, lejos de las ambiciones del acuerdo de investidura, que preveía que la Generalitat gestionara, recaudara, liquidara e inspeccionara todos los impuestos en Cataluña, salvo los de carácter local. Oriol Junqueras, líder de ERC, ha elevado la presión al anunciar que su partido presentará en los próximos días una proposición de ley en el Congreso para que Cataluña recaude "todos los impuestos". Esta iniciativa, más ambiciosa que el acuerdo alcanzado hoy, busca forzar al PSC y al Gobierno de Pedro Sánchez a alinearse con sus demandas, bajo la amenaza de bloquear los presupuestos estatales y autonómicos de 2026.

La reunión de la Comisión Bilateral estará encabezada por el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Economía, Alícia Romero, por parte de la Generalitat, y por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Hacienda, Jesús Gascón, por parte del Gobierno. Llama la atención la ausencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha mostrado reticencias hacia esta negociación desde su nueva posición como candidata del PSOE en Andalucía, no ha pasado desapercibida.

Otro punto pendiente es si el acuerdo abordará el principio de ordinalidad y una cuota de solidaridad en el reparto de recursos entre autonomías, una demanda histórica de la Generalitat. Por ahora, el pacto se centra en los aspectos técnicos de la gestión tributaria, dejando en el aire cuestiones más estructurales del modelo de financiación. 

Aunque este lunes se ha colocado la "primera piedra" para transformar la financiación de Cataluña, el éxito del proceso dependerá de su paso por el Congreso, donde el acuerdo aún no cuenta con los apoyos necesarios.  La postura de ERC, que busca un modelo más ambicioso, y las reticencias de otras comunidades autónomas ante posibles desequilibrios en el régimen común, serán determinantes.