Los estancos piden auxilio: la subida de precios y un margen congelado desde 1977 amenazan su supervivencia

El sector de los estancos atraviesa una situación crítica. La constante subida de precios del tabaco, impulsada por los impuestos, está poniendo en jaque la viabilidad de miles de negocios familiares en toda España. Se trata de un problema que no es nuevo, pero que se ha agravado en los últimos años, generando una profunda preocupación entre los profesionales del sector. Así lo ha manifestado Jaume Ordeig, presidente del Gremi d'Estanquers de Catalunya, quien advierte que la supervivencia de muchos establecimientos está en riesgo. Los estancos operan como una concesión administrativa del Estado, por lo que cualquier cambio regulatorio o fiscal les afecta de manera directa y contundente, con un impacto que repercute en las numerosas familias que dependen de estos negocios.

Un margen anclado en 1977

Uno de los principales problemas que ahoga a los estanqueros es el margen de beneficio por la venta de tabaco. Según denuncia el presidente del Gremi, este margen no se ha actualizado desde hace décadas. "El margen que tenemos por el tabaco es el mismo desde el año 1977", afirma Ordeig. Esta congelación de los ingresos durante más de cuarenta años, combinada con el aumento general de los costes operativos, ha erosionado la rentabilidad de los estancos hasta un punto insostenible para muchos. La situación obliga a los titulares de las licencias a buscar alternativas para no bajar la persiana.

Ante este escenario, la diversificación del negocio se presenta como la única salida viable. "Si tenemos un producto que el Estado está exterminando, tenemos que mirar hacia otros frentes", explica Ordeig. Los estanqueros se ven forzados a abrir nuevas líneas de negocio para compensar la caída de la venta de tabaco, una tendencia que se acelera con cada nueva regulación o prohibición. El sector reclama tener "las manos menos atadas" para poder adaptarse a una realidad comercial que ha cambiado drásticamente mientras sus condiciones regulatorias permanecían estáticas.

El margen que tenemos por el tabaco es el mismo desde el año 1977

El contrabando, una amenaza creciente

La subida de precios tiene una consecuencia directa e inmediata: el aumento del contrabando de tabaco.  Jaume Ordeig advierte que este fenómeno no es un "efecto colateral", sino una respuesta directa del mercado. El mercado ilícito va subiendo y "con una subida de precios, el mercado ilícito todavía subiría más", sentencia. El presidente del gremio califica de "barbaridad" las cifras actuales, que sitúan la cuota del comercio ilegal en un 40% en algunas zonas. Esto significa que cuatro de cada diez cigarrillos consumidos no han pasado por los canales legales, lo que supone una enorme pérdida de ingresos tanto para los estanqueros como para el propio Estado en materia de recaudación fiscal.

El diferencial de precios con otros países, como Francia, donde la carga impositiva sobre el tabaco es aún mayor, alimenta este mercado negro. A pesar de las recientes actuaciones de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, que han desmantelado fábricas ilegales, el problema persiste y se agrava. El sector ve con impotencia cómo una parte significativa de sus potenciales ventas se desvía hacia redes de contrabando, que operan al margen de cualquier control sanitario o fiscal, mermando todavía más sus ya ajustados balances económicos.

Con una subida de precios, el mercado ilícito todavía subiría más

Incertidumbre total sobre las licencias

El futuro del sector se presenta lleno de incógnitas, especialmente en lo que respecta al modelo de concesión de las licencias. Los estancos no son negocios en propiedad, sino concesiones administrativas que duran 30 años. La mayoría son gestionados por familias y tienen una media de "dos coma pocos empleados a nivel catalán", describe Ordeig, lo que evidencia la naturaleza modesta y familiar de estos establecimientos. Esta estructura los hace especialmente vulnerables a los vaivenes regulatorios y económicos, ya que no cuentan con el respaldo de grandes corporaciones.

El principal motivo de alarma llega al finalizar ese periodo de tres décadas. "La ley actual establece que, pasados los 30 años, la licencia vuelve al Estado y este la saca a subasta", explica el presidente del gremio. Lo más preocupante para los estanqueros es que la normativa "no otorga a la persona que ha sido titular ninguna preferencia respecto a los demás" en esa subasta. Nadie sabe qué pasará cuando empiecen a vencer las primeras licencias, ya que el Estado fijará un baremo y las condiciones de la puja. Esta falta de seguridad jurídica ha provocado que algunos titulares, sobre todo aquellos que se acercan a la edad de jubilación, hayan decidido "renunciar a la concesión" ante un futuro tan incierto.