Crecen las vulneraciones de derechos a personas con discapacidad

Tres de cada cuatro vulneraciones de derechos de personas con discapacidad provienen de la Administración pública (75%), cosa que pone en evidencia que el sistema incumple su propia legislación en materia de accesibilidad e igualdad de oportunidades.

Es una de las conclusiones de la informe "Vulneraciones de derechos y discapacidad física y/u orgánica de Cataluña", elaborado desde hace cinco años por Radar ECOM, que se ha convertido en una herramienta de referencia para identificar y visibilizar estos casos.

El informe ha puesto de manifiesto que la discriminación por motivos de discapacidad no se da en hechos aislados, sino que es estructural y transversal a todos los ámbitos de la vida.

Desde el 2020, ECOM ha contabilizado 1.307 casos. Solo el 2024 se han registrado 352, un 50% más que el año anterior, explica Albert Carbonell, presidente de ECOM: "Las vulneraciones no solo persisten, sino que crecen."

 Hace falta un compromiso firme para garantizar derechos reales y efectivos.  

Las vulneraciones de derechos afectan principalmente mujeres (61%), 7 de cada 10 casos se dan en la provincia de Barcelona ,mayoritariamente al área metropolitana, y la franja de edad más afectada es en personas de entre 35 y 64 años.

En el informe de este año, el Radar recoge vulneraciones especialmente delicadas, como casos de soledad no deseada o de violencia sexual, que a menudo no se denuncien por su naturaleza, pero que, aseguren, hay que visibilizar para poder dar respuesta y garantizar protección de estas personas.

 Carencia de accesibilidad al transporte: principal reivindicación  

Averías en estaciones de metro o tren, vehículos sin accesibilidad garantizada o dificultades para reservar el transporte lleva a puerta. Son algunas de las problemáticas que más se repiten en las denuncias relacionadas con el derecho a la movilidad y el transporte.

El derecho a la movilidad (18% de las denuncias), la accesibilidad (16%) y la vida independiente (14%) son los derechos que concentran la mitad de las vulneraciones, pero la discriminación se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana.

El derecho a la movilidad es que el que acapara más denuncias, puesto que la carencia de accesibilidad al transporte público y la precariedad de los servicios adaptados limitan gravemente la autonomía personal de muchas personas con discapacidad.

Otras problemáticas denunciadas en este ámbito son la falta de transporte adaptado en zonas rurales, la carencia de formación del personal de transporte o actitudes discriminatorias.

 Falta de inspecciones y sanciones  

El incumplimiento generalizado del derecho a la accesibilidad se debe, según denuncia el informe, a la ausencia de inspecciones y sanciones efectivas, que hacen que la norma quede en papel mojado.

Incluso hay edificios de la misma administración que no cumplen la normativa. Pero además de las barreras arquitectónicas en la restauración, equipaciones culturales o deportivos, también se denuncian barreras digitales en trámites digitales.

 Si no puedes hacer un trámite digital, te quedas fuera del sistema.  

Para una aplicación efectiva del Código de Accesibilidad de Cataluña (2023), reclaman la creación de un sistema de inspección y sanción para garantizar el cumplimiento tanto por parte de la Administración como en el sector privado.

 Derecho a vivir de manera independiente  

El derecho a vivir de manera independiente y a ser incluido en la comunidad entra por primera vez en el ranking de los tres derechos más vulnerados, hecho que demuestra, aseguran, la necesidad urgente de reforzar los apoyos para la autonomía personal.

Los problemas con que más topan las personas con discapacidad son la posibilidad de acceder a una vivienda adaptado y asequible, listas de espera largas para asistencia personal y dependencia de familiares por actividades cotidianas.

Esta situación contradice el que establece la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce la vida independiente como un derecho esencial para la libertad y la dignidad.

Por eso, desde Radar piden una financiación estable para la asistencia personal y para la vivienda accesible.

 Denunciar para visibilizar  

;Solo 1 de cada 5 personas denuncia las vulneraciones sufridas, sobre todo por la burocracia, el desgaste emocional y la carencia de confianza en el sistema   y es que solo el 5% voz resuelve su situación.

Desde Radar animan todas las personas con discapacidad física y/u orgánica, sus familias y entidades a hacer visibles las vulneraciones y exigir responsabilidades.

Solo desde el conocimiento y la incidencia colectiva podremos construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad humana.

Exigen que se simplifiquen los trámites para fomentar la denuncia.