Uno de cada cinco catalanes sufre exclusión residencial y el 12% de la población vive en situación de hacinamiento

Uno de cada cinco catalanes, 1,5 millones de personas, vive en situación de exclusión residencial. Así se desprende del informe FOESSA 2024 presentado por Cáritas, que ha alertado de que la vivienda y la precariedad laboral son el principal motor de la exclusión social, que en Cataluña afecta al 17% de la ciudadanía, 1,35 millones de habitantes. El estudio ha advertido de que el 13,3% de la población cae en pobreza severa tras pagar los gastos de vivienda y que el 12,6% vive en hacinamiento grave. Además, ha mostrado que el 6,3% reside en habitaciones de realquiler, ocupa inmuebles o está en proceso de desahucio. A la vez, el 38% de los catalanes tiene un trabajo precario, un fenómeno que se intensifica entre los jóvenes, que no se emancipan hasta los 30 años. 

Según el Informe FOESSA, algo más de 1.350.000 personas —una de cada seis residentes en Cataluña— se ven afectadas por procesos de exclusión social, el 17% de la población y 73.000 personas más que en 2018. De ellas, un 8,7% sufre exclusión moderada y un 8,4% exclusión severa.

El informe revela que la vivienda sigue siendo el principal motor de desigualdad y exclusión social. Un total de 568.000 hogares, donde viven casi dos millones de personas, padecen precariedad residencial. En estos hogares, el 13,3% de la población cae en pobreza severa tras pagar los gastos de vivienda, poniendo en riesgo una alimentación adecuada o abandonando tratamientos médicos, y una de cada cinco personas se ve obligada a reducir el gasto en suministros básicos como la calefacción. A la vez, el 12,6% vive en hacinamiento grave —menos de quince metros cuadrados por persona— y el 6,3% padece tenencia en precario, con riesgo inminente de desahucio u ocupación temporal. En conjunto, una de cada cinco personas está en situación de exclusión residencial, cerca de 1,5 millones.

 Trabajar ya no protege de la exclusión  

El informe señala que el otro gran motor de la fractura social es la precariedad laboral, que afecta a 1,4 millones de personas, el 38% de la población ocupada. Más de la mitad de quienes se encuentran en exclusión social viven en hogares donde la persona sustentadora principal trabaja, lo que demuestra que el empleo ya no garantiza estabilidad. Además, un 12,4% de la población vive en hogares donde la persona sustentadora principal lleva un año o más en paro. Estas condiciones tienen un fuerte impacto en todas las dimensiones de la vida, especialmente en la salud mental.  

 Multiplicadores de la exclusión  

El informe identifica cuatro factores que multiplican el riesgo de exclusión: el origen familiar, la educación, la salud y el aislamiento social. Según los datos, la exclusión social y la pobreza tienden a heredarse, y quienes crecen en entornos empobrecidos tienen el triple de probabilidades de sufrir privación material, el doble de riesgo de abandono escolar prematuro y 2,4 veces más probabilidades de tener empleos poco cualificados. El análisis señala que la mitad de los niños cuyos abuelos eran pobres siguen siéndolo hoy. 

En relación con la salud, el deterioro físico y mental es más evidente entre las personas en situación de exclusión. Entre 2018 y 2024, la proporción de personas con enfermedades graves sin atención médica pasó del 3% al 5%, mientras que los diagnósticos de depresión y ansiedad se duplican en los casos de exclusión severa.

El documento también advierte de un sistema sanitario cada vez más dual, donde el acceso a la sanidad tiende a depender del nivel económico, relegando a la sanidad pública los casos más complejos y los sectores con menos recursos, mientras que los servicios privados captan la demanda más rentable.

Además, el aislamiento social se ha intensificado por cambios sociodemográficos y tecnológicos: reducción del tamaño familiar, dispersión territorial y aumento de hogares unipersonales o monoparentales. El aislamiento social se ha cuadruplicado en situaciones de exclusión severa, pasando del 4% al 16%. El informe destaca que la presencia de vínculos sociales revierte la exclusión, mientras que su pérdida acelera la dependencia.

 Los rostros de la exclusión  

Los colectivos más afectados son la infancia, la juventud, las mujeres y las personas migradas. Uno de cada tres niños y adolescentes se encuentra en exclusión, una tasa que ha crecido del 18% en 2018 al 33% en 2024. 

En el caso de los hogares encabezados por mujeres, una de cada cinco se halla en situación de exclusión. Entre las personas migradas, el 43% sufre exclusión, y la cifra aumenta hasta el 75% cuando la situación administrativa es irregular. El informe también destaca la dificultad de los jóvenes para emanciparse y acceder a la vivienda, lo que normaliza la precariedad laboral.

El documento subraya que la gran mayoría de personas en pobreza o exclusión activa estrategias para mejorar su situación, como trabajar, estudiar o formarse, desmintiendo la idea de pasividad. Tres de cada cuatro personas realizan acciones para su inclusión.