El Ayuntamiento de Valls deberá indemnizar a un policía local fuera de servicio que intervino en los atentados del 17-A

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona ha sentenciado que el Ayuntamiento de Valls deberá indemnizar con unos 350.000 euros a un agente de la Policía Local de Valls que intervino en los atentados del 17-A en Cambrils cuando estaba fuera de servicio. La razón es el estrés postraumático que el hombre padece a raíz de su actuación, ya que detuvo a uno de los terroristas cuando corría por las calles de Cambrils. En esos momentos, el yihadista se enfrentó directamente con el policía fuera de servicio y corrió hacia él amenazando con detonar el cinturón de explosivos que llevaba —y que después se comprobó que era falso—. Fue entonces cuando los Mossos d’Esquadra abatieron al terrorista.

A raíz de estos hechos, el policía estuvo 718 días con un cuadro clínico de reacción aguda al estrés, motivo por el cual llegó a estar cuatro días hospitalizado, según consta en la demanda presentada por su abogado, José Antonio Bitos, del sindicato USPAC. El agente solicitó una indemnización por la vía administrativa el 27 de julio de 2022, pero el consistorio no respondió, lo que permitió presentar la demanda ante el juzgado.

En el escrito, el letrado explica que el agente se enfrentó a Omar Hichamy, se identificó como policía y le dio el alto. Al no hacerle caso, el agente intentó cerrarle las posibles vías de escape y se identificó reiteradamente. “El individuo le gritaba desafiando ‘¡policía, ven!’ y ‘¡allahu akbar!’ mientras se colocaba uno de los botes que llevaba a modo de cinturón de explosivos”, recoge la demanda, que a su vez cita la sentencia del juicio de los atentados celebrado en la Audiencia Nacional. “El terrorista Omar Hichamy avanzaba hacia la posición del policía hasta que uno de los agentes de los Mossos d’Esquadra le disparó y cayó al suelo. Aun así, el terrorista se levantó y volvió a dirigirse hacia el agente fuera de servicio, mirándolo con una sonrisa y repitiendo el mismo grito, hasta que fue nuevamente disparado por un mosso, lo que provocó su muerte.”

A pesar de todo, la sentencia de la Audiencia Nacional no lo menciona como víctima del terrorismo y hasta ahora no ha recibido ninguna indemnización por los daños sufridos. En cambio, sí recibió una felicitación del Ayuntamiento de Cambrils por su actuación. Según la sentencia, el Ayuntamiento de Valls puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El impacto del estrés postraumático en agentes que intervienen en atentados y emergencias  

El caso del agente de Valls pone de relieve una problemática cada vez más reconocida dentro de los cuerpos policiales y de emergencias: las secuelas psicológicas derivadas de enfrentarse a situaciones de terrorismo, violencia extrema o catástrofes. 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un diagnóstico clínico reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el manual DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría. Aparece cuando una persona ha vivido o presenciado un suceso extremadamente traumático —como atentados, muertes violentas o amenazas graves contra su vida— y desarrolla síntomas persistentes de ansiedad, reviviscencias, hipervigilancia o aislamiento emocional.

 Según estudios realizados en España tras los atentados del 11-M y los de Cambrils y Barcelona en 2017, se estima que entre un 10 % y un 20 % de los intervinientes directos pueden desarrollar TEPT, aunque muchas veces no se diagnostica a tiempo. Este retraso puede provocar cronicidad del cuadro, con repercusiones laborales, familiares y personales de gran magnitud.  

En los últimos años, distintos sindicatos policiales —como USPAC, SUP o CEP— han reclamado protocolos específicos de atención psicológica y reconocimiento del TEPT como enfermedad profesional, especialmente en agentes que han intervenido en situaciones de terrorismo, accidentes graves o rescates con víctimas mortales. 

El caso del policía de Valls, más allá de su dimensión jurídica, abre nuevamente el debate sobre la protección mental de los cuerpos de seguridad y la necesidad de una política pública estable de apoyo psicológico post-incidente, algo que países como Francia o el Reino Unido ya han institucionalizado tras los atentados de París o Londres.