Arranca el curso escolar en Cataluña con menos alumnos, aulas más complejas y sin móviles

Arranca el curso escolar en Cataluña, marcado, este año, por novedades importantes, como la prohibición de móviles y relojes inteligentes en las aulas de la etapa obligatoria, el aumento de recursos para atender la diversidad y un firme compromiso con la mejora de los resultados educativos.   

Según los datos de la consejería de Educación, se espera que 1.604.987 alumnos, 2.247 menos que el curso pasado, empiecen las clases, incluyendo infantil, primaria, ESO, bachillerato, formación profesional (FP), enseñanza a distancia y formación de adultos. De estos, 1.080.670 estarán en el sector público, 183.994 en el concertado y 340.323 en el privado.

El curso comienza con especial atención a la diversidad. La consejera Esther Niubó ha destacado que un tercio de los alumnos de la etapa obligatoria, unos 335.746, tienen necesidades educativas específicas de apoyo (NESE), un aumento de 8.964 respecto al curso anterior. Estas necesidades incluyen tanto discapacidades o trastornos (NESE A) como situaciones socioeconómicas o socioculturales (NESE B).

Para abordar esta complejidad, se han incrementado los recursos: habrá 83.949 docentes en los centros públicos (1.672 más), 4.033 profesionales de atención educativa (352 nuevos) y 4.610 de personal de administración y servicios (202 más). Además, la inversión en monitores de apoyo (veladores) crecerá de 29,2 a 62,6 millones de euros entre enero de 2026 y agosto de 2027, y se desplegarán programas como el de detección de trastornos del lenguaje en primaria y un piloto en Manresa y Sabadell para mejorar la atención a los trastornos del neurodesarrollo.

En cuanto a las ratios, el 82,53% de los grupos de I3 públicos tendrán 19 alumnos o menos, y el 95,27% un máximo de 20. En 1º de ESO, el 85,46% de los grupos tendrán 29 alumnos o menos, y el 97,10% un máximo de 30. Estas cifras reflejan el esfuerzo por mantener aulas más reducidas, a pesar del aumento de la complejidad, por el incremento de alumnos con necesidades específicas y de recién llegados a Cataluña.

 Reivindicaciones de las familias numerosas y el sector concertado  

Y, mientras tanto, desde la escuela concertada, piden más recursos y una mejor financiación. Según la Fundación Escola Cristiana de Catalunya (FEC), que agrupa a 245.032 alumnos y 378 escuelas, el coste real por alumno es de 1.700 euros, pero los centros concertados solo reciben 780 euros por alumno, generando un déficit de 933 euros por estudiante. Este déficit, que el curso pasado fue de 55 millones de euros, podría alcanzar los 65 millones este curso.

Además, la FEC critica que aún no se han recibido todos los fondos del curso anterior para los alumnos con necesidades socioeconómicas (NESE B), y la Asociación Profesional de Servicios Educativos de Cataluña (APSEC) reclama 3.300 docentes adicionales para atender el aumento del alumnado vulnerable. A su vez, la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC), reclama medidas para aliviar la carga económica de estas familias. Así, por ejemplo, piden la gratuidad total de libros de texto, cuyo coste (200-300 euros por hijo) impacta duramente su economía. También piden becas ampliadas, comedores escolares accesibles y conciliación.

 Mejora de resultados y otras novedades  

Uno de los objetivos clave de este curso es mejorar los resultados educativos, especialmente de cara a las pruebas PISA. Se reforzará la red de competencia lectora (538 centros) y los planes de mejora de matemáticas (800 centros). También se ampliarán las aulas de acogida con 200 nuevas dotaciones, llegando a 1.344, y se pondrá en marcha un piloto para reforzar la evaluación de los centros a través de la Inspección, analizando 250 escuelas para orientarlas en la mejora. En cuanto a infraestructuras, el curso incorpora siete nuevos institutos escuela y tres centros de FP.

Por otro lado, el sindicato USTEC reclama mejores condiciones laborales, un aumento salarial y más recursos para la diversidad. De hecho, ha advertido que podrían convocar una huelga si no hay avances. La consejera Niubó, sin embargo, considera “complicado” el incremento salarial, y defiende otras medidas ya implementadas.