Andorra implanta un protocolo para reforzar la prevención del acoso sexual en la Administración general

La secretaría de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana de Andorra ha presentado este jueves el protocolo de medidas preventivas y de abordaje de las conductas de acoso sexual y por razón de sexo de la Administración general y del cuerpo diplomático.

La secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena, ha explicado que con esta iniciativa el Gobierno reafirma su compromiso con la igualdad, la prevención de cualquier forma de acoso y la promoción de un entorno laboral "digno y seguro" para todo el mundo, ha informado el ejecutivo con un comunicado.

El protocolo se desprende de la Ley para la aplicación efectiva del derecho a la igualdad de trato y de oportunidades y a la no-discriminación entre mujeres y hombres, aprobada durante la legislatura pasada.

Dicho protocolo está incluido en el plan de igualdad del Gobierno 2024-2028 y tiene como objetivo garantizar un entorno laboral libre de acoso para todo el personal del cuerpo general y del cuerpo diplomático de la Administración general.

Según ha detallado la jefa del departamento de Políticas de Igualdad, Mireia Porras, en el documento se define claramente qué se entiende por acoso sexual y por razón de sexo, y recoge ejemplos concretos de conductas verbales, no verbales y físicas que pueden constituir acoso.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

En cuanto al procedimiento de actuación, se ha decidido la externalización del canal de denuncia y de gestión de los casos, a través de la aplicación Co-Resol, gestionada por parte de una empresa especializada.

Cadena ha asegurado que la valoración de la situación será responsabilidad de la empresa externa que gestiona las denuncias y ha garantizado que el personal de la entidad dispone de la formación, experiencia y sensibilización para poder activar el protocolo y ofrecer una respuesta "rápida, precisa, objetiva e independiente".

PROCESO  

La secretaria de Estado ha matizado que en todo el proceso se garantiza el anonimato de las personas implicadas y el documento contempla un proceso con entrevistas y recogida de información durante el que se pueden adoptar medidas cautelares para proteger a los afectados.

En la fase de resolución se prevé la redacción de informes, comunicación de conclusiones y, si es necesario, aplicación de medidas disciplinarias.

Finalmente, el protocolo también prevé medidas de prevención, el seguimiento y evaluación periódica de su aplicación, así como la garantía de los derechos de las víctimas y de las personas denunciadas, y la obligación del Gobierno de mantener la confidencialidad y la relación laboral durante todo el proceso.