En concreto, han adaptado los carteles de campaña de Ernest Magarall, Ada Colau, Jaume Collboni y Xavier Trias, cambiando las imágenes de los candidatos y modificando sus mensajes y lemas electorales, situándolos en una situación de falta de vivienda. Esta acción forma parte de la campaña #ningúsensedrets que están llevando a cabo en la fundació Arrels en el contexto electoral.

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Los carteles que han presentado representan a cuatro candidatos y candidatas, pero su mensaje se dirige a todas las formaciones políticas. Arrels ha realizado esta transformación utilizando inteligencia artificial y han seleccionado a los candidatos y candidatas de las formaciones con mayor representación en el consistorio en la actualidad.

Han explicado que es necesario implementar políticas transformadoras para combatir la falta de vivienda a nivel municipal y visibilizar el hecho de que las personas sin hogar están excluidas, en la práctica, del derecho a la plena ciudadanía: no pueden presentarse como candidatos en unas elecciones, proponer políticas o influir en la sociedad; muchas veces, ni siquiera tienen derecho a voto.

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"Cuando vivía en la calle, yo no podía votar, a pesar de ser ciudadano europeo. En primer lugar, hubo un momento en el que no tenía documentación porque me la habían robado. Además, tampoco estaba pendiente de si había elecciones, no es algo que sepas cuando vives en la calle. Si te enteras de que hay elecciones, es porque hay más controles policiales en la calle", explica Giorgio, quien interpreta el papel de cabeza de lista en la candidatura de Arrels.

Solo el 32% de las personas que viven en la calle en Barcelona pueden votar. La ley establece que en unas elecciones municipales pueden votar las personas con nacionalidad española, las personas comunitarias y las personas extracomunitarias de quince países con los que el Estado español tiene un convenio recíproco. Además, es necesario que tengan documentación y estén empadronadas.

La mayoría de las 1.200 personas que viven en la calle en Barcelona no cumplen con estos requisitos. De todas ellas, 7 de cada 10 son migrantes. Un 27% ha nacido en otros países de la Unión Europea, un 43% ha nacido en países no pertenecientes a la Unión Europea y un 28% ha nacido en España. Es destacable que el 26% de las personas (1 de cada 4) afirma que no están empadronadas en ningún lugar, y la mayoría de ellas (62%) no tienen documentación.

Según la encuesta realizada por Arrels en junio de 2022, se ha calculado que solo un 32% de las personas que viven en la calle podrían votar en Barcelona en estas elecciones. Se trata de personas empadronadas en la ciudad (el 53% del total) que, además, tienen nacionalidad española o una de las nacionalidades de los quince países no comunitarios con un convenio recíproco con el Estado español para votar en las elecciones municipales. El 38% de las personas empadronadas tienen nacionalidades extracomunitarias (y de estas, solo un 4% tienen alguna de las quince nacionalidades con convenio). El resto de personas tienen nacionalidad sin convenio (91%) o no se sabe cuál es su nacionalidad (4%).

"El hecho de vivir en la calle implica que tienes muchos problemas y que en el día a día puedes llegar a no percibir la falta de derechos a la que estás expuesto. A lo largo de la historia, diversos colectivos han sido privados del derecho a voto, un derecho que determina el acceso a los espacios de decisión donde se establecen las reglas que condicionan la vida de toda la sociedad. Las personas sin hogar, en la práctica, están excluidas de este derecho", afirma Ferran Busquets, director de Arrels.

El padrón, es un tema clave para acceder a los derechos. Las personas que viven en la calle ven vulnerados sus derechos, incluida la posibilidad de empadronarse en el municipio donde residen. En Barcelona, muchas personas sin hogar están empadronadas sin tener un domicilio fijo, a pesar de que el trámite es complicado y hay personas que no logran empadronarse.

En otros municipios, las personas sin hogar encuentran aún más dificultades para empadronarse, ya que los ayuntamientos se lo niegan, incumpliendo así la ley. Y es que, en teoría, todos los municipios del Estado están obligados por ley a empadronar a sus vecinos y vecinas, tengan o no un hogar; pero en la práctica, los ayuntamientos incumplen sistemáticamente la ley.