Las personas de nacionalidades de fuera de la Unión Europea tienen tres veces más riesgo de sufrir exclusión social en España que las personas españolas. Así lo subraya un informe de Cáritas de Barcelona, que apunta que mientras que el 18% de españoles son en situación de exclusión, en el caso de personas extracomunitarias representan el 51%. El estudio señala que en Cataluña la tasa de riesgo de pobreza se multiplica por cuatro el 2019 (del 13% en españoles al 50,1% en extracomunitarios), mientras que la tasa de paro se duplica en este colectivo en España (del 4% al 8,5%). Además, el informe alerta que esta situación "se agraviará" a causa de la crisis provocada de la covid-19 y "aumentará la desprotección" de las personas migradas.
Según el informe, en España las personas tienen tres veces más riesgo de sufrir exclusión social por el hecho de ser de nacionalidades de fuera de la UE. De hecho, las personas extracomunitarias tienen más riesgo de exclusión en prácticamente todas las esferas. La diferencia más acentuada es en el caso de la vivienda, donde el 29% de las personas que la sufren son españolas y el 69% -unos 40 puntos porcentuales más- son extracomunitarias; y en el caso de la integración política, con un 9% de los excluidos de origen español y un 66% de origen extracomunitario. Esta exclusión se debe, sobre todo, al derecho a voto, que muchas personas migrantes no tienen reconocido.

Según el informe, la tasa de exclusión social severa es del 6,5% en españoles y del 23,1% en personas extracomunitarias mientras que, a la otra cara de la moneda, la tasa de integración llena es del 46,3% en españoles y del 12,3% en extracomunitarios, según datos de la Fundación FOESSA de acuerdo con los niveles de integración social a los hogares de la Diócesis de Barcelona.

Través para conseguir la regularización

En la presentación del informe, la jefa de análisis social e incidencia de Cáritas de Barcelona, Míriam Feu, ha detallado la "carrera de obstáculos" que tienen que vivir las personas de nacionalidades extracomunitarias para poder regularizar su situación. Para poder pedir la autorización de residencia y trabajo temporal primero hay que demostrar que hace tres años que se vive en el país, de forma que las personas en cuestión tienen que vivir "invisibilizadas" durante quest periodo, segundos denuncia Feu. Además, hay que tener un contrato de 1 año.

Un año después se tiene que renovar, pero si no se ha cotizado suficiente se tiene que volver a iniciar el proceso. Si se cumplen los requisitos, se renueva por dones años más, y en el jefe de dos años se puede volver a renovar por cinco años más, con el riesgo que si se pierde el trabajo y no se cotiza suficiente durante el proceso se vuelve en la situación de irregularidad inicial.

Según Cáritas, se estima que unas 100.000 personas en Cataluña se encuentran en esta situación, aunque no hay datos detallados porque, como aseguran, estas personas están "muy invisibilizadas".

En este sentido, Cáritas señala que para el 73% de las personas extranjeras en España no es posible conseguir el estatus ocupacional estable y suficiente (contrato indefinido a jornada completa). En cambio, viven en gran medida en situación de informalidad laboral –sin contrato- (11%), mucha desocupación (solo un 60% están ocupados durante todo el año), alta temporalidad (alrededor del 40% tienen salarios bajos, unos 926 € de media, un 38% menos que los trabajadores españoles) e irregularidad.

Situación agraviada por la covid-19

Esta situación se agraviará a raíz de la pandemia, según Cáritas. De acuerdo con una encuesta de FOESSA hecha a 450 personas atendidas por la entidad, durante el estado de alarma el 32,1% de los hogares atendidos que se quedaron sin ingresos era de personas extracomunitarias, una cifra muy superior que los hogares de nacionalidad española, que representaron un 6,2%. Además, Cáritas señala que la mayoría de los hogares con todas las personas en situación de irregularidad administrativa no tienen ningún ingreso (un 53,3%), y el 88,5% de estos hogares viven en condiciones de pobreza extrema.

Con todo, la entidad critica que durante el estado de alarma, cuando se acentuaron las desigualdades, las personas extracomunitarias no pudieron disfrutar ni de la Renta Garantizada de Ciudadanía ni del Ingreso Mínimo Vital porque no se los reconoció el derecho a hacerlo.

Derecho de asilo

Por otro lado, al informe también se recoge que en Cataluña el 2019 se registraron 13.270 solicitudes, cifra que representa un 65% más que el 2018. El 2019 se resolvieron 60.198 casos, de los cuales un 5% fueron favorables –con 1.653 personas con el estatus de refugiadas y 1.503 que recibieron protección subsidiaria-, un 29% fueron desfavorables y un 66% fueron concesiones de protección por razones humanitarias. En este último caso se incluyeron, sobre todo las de personas provenientes de Venezuela.

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A nivel estatal, en el primer semestre del 2020 se reconoció el estatus de refugiado y protección subsidiaria al 4,57% de las solicitudes. El 43,74% se los hizo concesiones por razones humanitarias de extranjería –la mayor parte de origen venezolano- y el 51,69% se denegaron –la mayoría de origen colombiano-.

Garantizar el empadronamiento

Para poder revertir esta situación, Cáritas hace una batería de demandas a las diversas administraciones. Así, el director de la organización en Barcelona, Salvador Busquets, ha exigido en los ayuntamientos que garanticen el empadronamiento de todas las personas que viven en el municipio independientemente de que puedan acreditar título de propiedad o contrato de alquiler.

En clave catalana, la entidad reclama que se garantice la atención a los servicios sociales de las personas migradas y su acceso a prestaciones sociales básicas, así como garantizar una "mejor" protección de los menores extranjeros sin referentes en Cataluña. Además, reclaman que la prestación de extutelado acabe a los 23 años en lugar de los 23, y que se los otorgue directamente el derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía si cumplen las condiciones.

Por otro lado, Cáritas reclama en el gobierno español que garantice vías seguras para la migración, facilite el acceso al mercado laboral a personas migradas "con plenas garantías" y que se conceda autorización de trabajo a los jóvenes migrados sin referentes a partir de los 16 años.