La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) y la patronal estatal del ocio nocturno Spain Nightlife quieren ejercer la acusación popular en el caso de la 'rave' de Llinars del Vallès, que lleva un juzgado de Granollers. Así lo han anunciado ambas patronales, que aspiran a que los imputados reciban el castigo más elevado previsto en la ley "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos".

Actualmente hay dos detenidos por desobediencia grave y cinco investigados, por lo que Fecasarm y Spain Nightlife han lamentado que el Código Penal no prevea como delito contra la salud pública la propagación de enfermedades y epidemias, y proponen al Gobierno que impulse una reforma. Asímismo, la Consellería de Interior ha solicitado a la Fiscalía si es posible investigar a los participantes en la 'rave' por ese delito.

El secretario general de las dos patronales Joaquim Boadas, ha calificado de falta de respeto el hecho de que se realicen estas fiestas y que, según él, "los organizadores no paguen ninguna consecuencia", y acusa a la Generalitat de negociar con los organizadores de la fiesta mientras que "con el sector legal no se negoció el cierre".