El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha mostrado convencido de que "en los próximos días" encontrarán una solución para avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos del Govern, a quienes reclama 5,4 millones de euros por promover el procés en el exterior.

Así lo ha señalado este martes tras reunirse en el Palau de la Generalitat con el ministro-presidente de Flandes, Jan Jambon, en una rueda de prensa en la que ha aseverado que trabajan "en diferentes vías" para garantizar el aval de las fianzas, cuyo plazo límite para depositarlas vence mañana.

Aragonès ha confiado también en que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) avalará el Fondo Complementario de Riesgos que el ejecutivo catalán creó hace dos semanas para ayudar a los ex altos cargos encausados, lo que a su juicio podría "desbloquear" la situación y "aclarar" si, tal como ha defendido, el decreto con el que se le dio luz verde al fondo es "ajustado a ley".

"Estamos convencidos de su legalidad", ha recalcado el president, quien ha aseverado que, "ante un pronunciamiento favorable" del CGE, "algunas de las opciones que han estado en duda, también de las entidades financieras, se podrán aclarar".

Este fondo, con dotación inicial de 10 millones de euros, fue creado para ayudar a los políticos encausados a quienes el Tribunal de Cuentas reclama unos 5,4 millones de euros como fianza por haber promocionado, con dinero público, el referéndum unilateral del 1-O en el extranjero entre 2011 y 2017.

Aragonès ha subrayado en que el Govern está "trabajando para encontrar una solución lo más pronto posible" y ha resaltado que los contactos con entidades financieras "continuarán", a pesar de que aún no han encontrado ningún banco que avale las fianzas impuestas y de que tampoco acudirán a Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para no comprometer a los profesionales de la entidad.

"Más allá de la fecha de mañana, seguiremos trabajando para que el aval se pueda producir", ha enfatizado antes de recordar que "aún quedan unas horas por delante".

En este sentido, ha criticado que el Tribunal de Cuentas haya rechazado la prórroga solicitada por varios ex altos cargos de la Generalitat y ha insistido en que tratarán de "ampliar este plazo".

Asimismo, ha tachado de "absoluta injusticia" la "represión económica" del Tribunal de Cuentas por "bloquear y embargar propiedades, bienes e ingresos de personas que simplemente han hecho el trabajo que les correspondía con amparo legal" con el objetivo de "generar un estado de animadversión y desprotección" en los encausados.

Ante la falta de aval, la mayoría de los 34 ex altos cargos procesados han decidido depositar bienes y propiedades personales para cubrir el máximo de la suma exigida, pero partidos políticos y entidades independentistas ya se están movilizando para aportar donativos que contribuyan al pago de las fianzas.