El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid logra que un ingeniero técnico imparta docencia en un centro privado
Tras cuatro años de pelea legal han sentado jurisprudencia
Segovia - Publicado el - Actualizado
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El Tribunal Supremo ha dado la razón a un ingeniero técnico industrial que, tras ver denegada parcialmente su acreditación para impartir docencia en un centro privado de Castilla y León, inició una batalla legal que ha durado cuatro años y que ahora marca un hito para toda la profesión.
El caso, respaldado jurídicamente por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid (Ingenieros VA), ha concluido con una sentencia firme del Alto Tribunal que reconoce que esta titulación, junto con un nivel MECES 2, es equiparable al grado universitario a efectos docentes. Esto permitirá que los ingenieros técnicos industriales puedan impartir todas las asignaturas vinculadas a su formación sin restricciones administrativas injustificadas.
Sergio Carreño en COPE Valladolid
Lo ha contado en Herrera en COPE Valladolid, Sergio Carreño, asesor jurídico de Ingenieros VA. Ha destacado que, “hemos creado doctrina, dado que, esta sentencia y otra más reciente del Supremo en la misma línea, sientan jurisprudencia. Si la administración insiste en denegar estas solicitudes, los tribunales darán la razón a los profesionales”, explicó Carreño
CUATRO AÑOS DE LUCHA LEGAL QUE SIENTAN JURISPRUDENCIA
El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando la Junta de Castilla y León permitió al profesional impartir solo algunas asignaturas, denegándole el resto. El caso fue desestimado inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero tras superar el filtro de interés casacional, el Supremo ha rectificado esa decisión.
Durante estos cuatro años, el ingeniero solo pudo ejercer en las materias autorizadas, obligando al centro a contratar a otro docente para las restantes. La sentencia no solo restituye sus derechos, sino que establece un precedente legal que beneficiará a futuros profesionales.
“Esta resolución garantiza seguridad jurídica durante años. Supone un avance no solo para los colegiados, sino para todo el sistema educativo”, destacó Carreño.