El Tribunal Supremo, a Castilla y León. Es una de las propuestas con las que se ha descolgado el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para avivar el debate sobre la descentralización de las instituciones del Estado.

Desde la Junta de Castilla y León siempre se han mostrado receptivos a estudiar esta posibilidad, pero con “seriedad” y “rigor”. “Y no al contexto de los problemas que atraviese un determinado presidente autonómico o una determinada Administración pública”, ha puntualizado el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo.

A ojos de Fernández Carriedo las dos condiciones planteadas desde la Junta de Castilla y León “tienen que imperar” en un asunto, como es la descentralización del Estado, que requiere "un amplio consenso”.

Evitar duplicidades en la Administración

Por esta cuestión se le ha preguntado también al presidente de la CEOE a su paso por Valladolid, donde se ha celebrado el II Encuentro sobre Comercio.

Antonio Garamendi no se ha opuesto a la propuesta del presidente de la Comunidad Valenciana. “Habría que verlo”, ha respondido antes de advertir que “en un momento tan complicado” es necesario “no duplicar” los organismos que pudieran ser objeto de traslado.