El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Ponferrada y la sociedad pública Somacyl contra la sentencia que dictó la suspensión cautelar de los expedientes de inicio de actividad de la central de calor construida en el barrio de Compostilla.

Este auto ratifica la anulación de los permisos concedidos a una instalación que queda “en la total ilegalidad”, subrayaron Víctor A. Bayón y Gracia F. Caballero, los abogados que representan a la asociación de vecinos del barrio y a la organizaciación Bierzo Aire Limpio en este procedimiento judicial.

Los letrados señalaron que la decisión del TSJ confirma la sentencia impuesta originalmente que ordenaba al Ayuntamiento “llevar a cabo la paralización de la construcción y cese de la actividad que, en su caso, se estuviera desarrollando”. “Dijimos desde el principio que la red de calor se estaba haciendo mal, que se atropellaron los derechos vecinales por la prepotencia de la entonces alcaldesa y del consejero de Fomento y la Justicia nos da la razón”, afirmaron fuentes vecinales.

Tras un proceso judicial de cuatro años, los vecinos celebran que la central de biomasa “seguirá sin entrar en funcionamiento”. “Aunque el TSJ se base en unos motivos diferentes de los recogidos en la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo, lo importante es que los permisos de dicha instalación han sido anulados y que se declaran ilegales cinco acuerdos municipales”, explicaron los abogados de la causa.

Por su parte, Bierzo Aire Limpio solicitó expresamente la dimisión del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que consideran “principal impulsor del proyecto” y exigió que se asuman las “responsabilidades políticas y económicas” correspondientes. Además, ambas entidades reclamaron al equipo de Gobierno que “asuma las ilegalidades” en las que incurrió el Consistorio y renuncie a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

De la misma manera, las entidades comunicarán esta sentencia al Banco Europeo “para que no se financie con dinero público la construcción de esta central”, que se pretendía costear a cargo de préstamos europeos, a través del denominado ‘Project Castilla y León Climate Change’, recordaron.

Ambas asociaciones también adelantaron que presentarán alegaciones a la anunciada ordenanza municipal que pretende regular la instalación de nuevas centrales de calor en la capital berciana.