El 15% de la población de Castilla y León, lo que supone alrededor de 370.000 personas, viven en exclusión social. Así se desprende del VIII Informe FOESSA que Cáritas ha presentado esta mañana en Burgos. Fernández Maíllo, sociólogo y director del informe, ha explicado que esto se debe a que ha aumentado el espacio de la exclusión más severa, lo que significa que hay un cúmulo de problemas a los que muchas personas no pueden hacer frente por diferentes factores, algunos internos y otros externos.

En este sentido, ha explicado que el informe plasma, por lo tanto, que la exclusión social en la Comunidad se ha enquistado y se puede hablar de un grupo de personas que se ha estancado en esta coyuntura, incapaz de salir de esta situación.

De 2013 a 2018, la exclusión social sólo se ha reducido en Castilla y León un 7,5 por ciento, mientras que en el conjunto de España lo ha hecho en un 27,8 por ciento, por lo que se entiende que la bonanza de la recuperación ha impactado con menor intensidad en las personas más excluidas en el caso de la Comunidad.

El Informe FOESSA refleja, además, que dentro de la exclusión existe un grupo especialmente vulnerable, de unas 214.000 personas, afectado por la acumulación de problemas que le impide disponer de un proyecto vital y estructurado y que pervive en condiciones exclusión severa.

Esta tipo de exclusión ha pasado de representar el 5,1 por ciento de la población de Castilla y León en 2013 a un 8,9 por ciento en 2018, lo que representa un incremento de casi cuatro puntos, detrás del que se encuentran cuestiones como una vivienda insegura e inadecuada, situación de desempleo persistente, precariedad laboral extrema e invisibilidad para los partidos políticos.

Así, el informe determina que en la Comunidad existen unos 44.000 hogares con tendencia en precario, unos 63.000 con gastos en vivienda excesivos y cerca de 23.000 hogares que precisan medidas de rehabilitación, a los que hay que sumar la situación de unas 149.000 personas que residen en condiciones inseguras en sus viviendas y aproximadamente 164.000 que lo hacen en hogares en condiciones inadecuadas.

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En lo que respecta al empleo, el informe determina que el trece por ciento de las personas que trabajan están en exclusión social y que uno de cada cuatro castellano y leoneses considera que el funcionamiento de los servicios públicos de empleo es nada satisfactorio, mientras que si la coyuntura se analiza en base a cuestiones de Salud, el documento plasma que el 58 por ciento de la población en exclusión se encuentra afectada por algún factor vinculado a este ámbito.

En el lado opuesto del informe se sitúa la población de la Comunidad que no tiene dificultades para su supervivencia y que representa ya al 57 por ciento de los habitantes de la Región, a los que se podrían sumar todas aquellas personas que, si bien de una forma más precaria, viven en una situación de integración, alcanzado así el 84,7 por ciento de los ciudadanos.