Ana del Ser inaugura el año judicial 2025-2026 en Castilla y León destacando independencia, igualdad y lucha contra la violencia de género

El Palacio de Justicia de Burgos ha acogido este viernes la solemne apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León, un acto que ha reunido a cerca de 130 asistentes y que ha contado con la presencia de jueces, magistrados, fiscales, autoridades autonómicas y representantes del Gobierno. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha sido la encargada de pronunciar el discurso principal, poniendo el foco en la independencia judicial, la modernización de los juzgados y la protección de los derechos de los ciudadanos más vulnerables. 

Reforma judicial y Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia   

Durante su intervención, Ana del Ser alertó sobre el desafío que supone la implantación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que busca una profunda reorganización judicial en Castilla y León. Según la magistrada, “esta reforma, orientada a mejorar la eficacia, especialización y proximidad del servicio judicial, implica una complejidad organizativa que asumimos con responsabilidad, conscientes de la magnitud del reto”.

Asimismo, destacó que la transformación de los Juzgados en Tribunales de Instancia requiere estrecha coordinación con el Ministerio de Justicia, tanto en medios materiales y tecnológicos como en la gestión del personal judicial y administrativo. “Es imprescindible anticipar, junto a la Administración y al CGPJ, las dificultades que ya prevemos: la reasignación de competencias, la redistribución de cargas de trabajo, la adaptación de los sistemas informáticos y la formación adecuada de todos los operadores jurídicos”, añadió.

La presidenta del TSJCyL recalcó que los jueces han trasladado la necesidad de una planificación rigurosa y consensuada para que la reforma no genere dilaciones, sino que suponga una oportunidad real de mejorar la calidad del servicio público de Justicia. 

Compromiso con la lucha contra la violencia de género  

Otro de los puntos centrales de su discurso fue la lucha contra la violencia de género, que según Del Ser sigue siendo “una lacra que aún persiste en nuestra sociedad y que exige nuestra atención constante y decidida”. La magistrada destacó los avances en la especialización de los órganos judiciales, incluyendo la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Valladolid y León y la creación de secciones especializadas que garantizan una atención más eficaz a las víctimas, así como la importancia de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual.

Además, informó sobre la creación de más de 30 nuevas plazas judiciales, incluyendo Audiencias Provinciales, la jurisdicción de Primera Instancia y algunos Juzgados de lo Penal, para reforzar la respuesta del sistema judicial ante estos desafíos. 

Independencia judicial e igualdad  

Ana del Ser subrayó que “los jueces ejercen su función con rigor, sin someterse a presiones externas y con plena sujeción al ordenamiento jurídico”, destacando que la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía para todos los ciudadanos.

Asimismo, la presidenta del TSJCyL reafirmó su compromiso con la igualdad, indicando que “el número de mujeres en puestos de responsabilidad judicial ha aumentado, y la igualdad no es solo una cuestión de justicia interna, sino una exigencia democrática”. 

Retos tecnológicos y modernización  

Del Ser también señaló los desafíos derivados de la implantación de la inteligencia artificial en la administración de Justicia, subrayando que estas herramientas son esenciales para detectar pruebas falsas, fraudes sofisticados y mejorar la gestión de expedientes digitales. La magistrada insistió en mantener las mismas garantías en el proceso, combinando modernización con seguridad jurídica. Justicia cercana, eficaz y confiable

Finalmente, Ana del Ser aseguró que el Poder Judicial en Castilla y León seguirá actuando con rectitud, honestidad y vocación de servicio, con el objetivo de resolver conflictos, proteger a los más vulnerables y consolidar una sociedad más libre, igualitaria y justa.

Por su parte, el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, reivindicó el reconocimiento del Ministerio Fiscal como parte del Poder Judicial, destacando su papel como “pilar básico para el equilibrio del propio Poder Judicial y del resto de las instituciones del Estado”. Mena recordó que, según el artículo 124 de la Constitución, la misión del Ministerio Fiscal es “defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos, el interés público y velar por la independencia de los tribunales”, y enfatizó la autonomía funcional del Ministerio Fiscal dentro del Poder Judicial. 

El fiscal resaltó que Castilla y León cuenta con 135 fiscales y 314 jueces y magistrados, formando un Poder Judicial sólido y equilibrado. También subrayó la necesidad de proteger la independencia judicial y la imparcialidad del fiscal, pilares fundamentales del Estado democrático. 

Datos y alertas sobre delitos y violencia  

Durante su discurso, Mena presentó datos relevantes de la Memoria de actividad de la Fiscalía, destacando que en 2024 se incoaron 103.269 nuevos procedimientos penales, un 5,32% más que en 2023. Además, alertó sobre el aumento de agresiones a profesionales sanitarios, con más de mil casos en 2024, el 83% mujeres.

El fiscal también advirtió sobre el creciente número de delitos de violencia sobre la mujer, que en Castilla y León alcanzó los 9.664 procedimientos en 2024, un 17% más que el año anterior, y destacó que desde 2003 se han registrado 64 asesinatos de mujeres a manos de parejas o exparejas. También hizo referencia a medidas de protección como órdenes de alejamiento, prisiones provisionales y pulseras electrónicas, y alertó sobre problemas técnicos en estos sistemas que pueden afectar la eficacia de la protección.

Mena dedicó parte de su intervención a delitos informáticos y la problemática de los incendios forestales, advirtiendo que no se puede criminalizar de manera simplista al mundo rural, y que la respuesta judicial debe ser proporcional y orientada a la prevención, no solo a la represión penal.