Rogelio Gómez: "El 90% de los okupas son extranjeros"

La ocupación de viviendas continúa siendo uno de los problemas más graves a los que se enfrentan numerosos ciudadanos en España. Para quienes sufren esta situación, la experiencia suele convertirse en un auténtico calvario legal y personal. El desalojo de las personas que ocupan un inmueble no puede hacerse por cuenta propia: es necesario recurrir a un proceso judicial de desahucio por impago, un procedimiento que, según los especialistas, resulta lento o muy lento.

Todos a una como FUENTEOVEUNA. Es lo que ha hecho el municipio de Nambroca, en la provincia de Toledo, ante la inminente ocupación de una vivienda de la calle Arañiles.

Varias decenas de personas se unieron a la llamada de auxilio de unos vecinos alertando de la inminente ocupación de una vivienda en la noche del martes, 26 de agosto. Al igual que sucediera en Velada hace unos meses, otro municipio que se ha levantado contra los okupas, los nambroqueños consiguieron evitar que el domicilio tuviera nuevos inquilinos.

El allanamiento es considerado más grave, permite intervención policial inmediata y conlleva penas de prisión más altas. A partir de las 48 horas se considera ocupación que suele ser un delito leve, salvo que haya violencia, y su desalojo requiere un procedimiento judicial.

En este contexto, cada vez más afectados recurren a abogados especializados o a vías alternativas de mediación. Entre las empresas que han surgido en este ámbito se encuentra OPS2 Desocupaciones, un despacho jurídico con cobertura en todo el territorio nacional que, además de procesos judiciales, ofrece servicios de mediación y negociación directa con los ocupantes.

Rogelio Gómez, uno de los asesores, explica cómo abordan estos casos. Según detalla, lo primero que hacen es visitar la vivienda, realizar una inspección ocular y mantener un contacto directo con las personas que ocupan el inmueble. El objetivo es evaluar la situación y determinar el perfil del ocupante, ya que cada caso puede ser distinto.

“Tenemos que ver si son personas que buscan ser declaradas vulnerables, si hay menores, si existen situaciones familiares específicas o si se trata de otros casos”. Esa primera evaluación marca el rumbo de la estrategia a seguir, siempre dentro del marco jurídico. 

El mito de la desocupación exprés

En el mercado han surgido empresas que ofrecen servicios de desocupación en apenas 24 horas. Gómez, sin embargo, desmiente que esto sea lo habitual. “Puede caer la lotería de que se dé un caso rápido, pero por lo general no es así. Los ocupantes tienen estudiado el sistema: saben a quién pertenece la propiedad, cuánto tiempo pueden permanecer y qué compensaciones económicas pueden solicitar”, explica.

De hecho, en la práctica, el proceso suele requerir plazos prolongados, ya que los ocupantes conocen las herramientas legales disponibles y saben utilizarlas para prolongar su estancia. 

La impotencia de los vecinos

La problemática no solo afecta a los propietarios directos de las viviendas, sino también a los vecinos. La convivencia en una comunidad donde existe una vivienda ocupada puede volverse insostenible. No obstante, estos vecinos carecen de herramientas legales para actuar.

“Nos han llamado comunidades de propietarios dispuestas incluso a pagar por un desalojo, pero es imposible: la denuncia debe ser presentada por el propietario, el banco o el fondo de inversión que sea titular del inmueble”, explica Gómez.

En estos casos, la mediación se convierte en la única vía, aunque muchas veces los ocupantes no buscan otra cosa que una compensación económica para abandonar la vivienda. Según explica el experto, la cantidad exigida varía en función del inmueble: puede oscilar entre 2.500 y 5.000 euros, cifras que muchos propietarios consideran asumibles frente a la incertidumbre de un largo proceso judicial. 

Toledo, un foco de ocupación

La provincia de Toledo, especialmente en su zona limítrofe con Madrid, se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos en materia de ocupación. En localidades de la comarca de La Sagra, los casos relacionados con plantaciones de marihuana son frecuentes.

“Nos encontramos con viviendas ocupadas para instalar cultivos de cannabis. En estos casos, los ocupantes no suelen aceptar dinero a cambio de marcharse, ya que la actividad les reporta beneficios mucho más altos. Una plantación puede generar hasta 30.000 euros cada tres meses”, explica Rogelio.

Además, el incremento de ocupaciones ha generado un aumento paralelo en los índices de delincuencia. Según relata, algunos ayuntamientos han recurrido a su empresa para mediar, ya que los vecinos se sienten inseguros y, en ocasiones, los propios propietarios temen acercarse a sus viviendas . 

 Mediación y resolución de conflictos

Una de las claves del trabajo de OPS2 Desocupaciones es la mediación. Rogelio Gómez asegura que su empresa no recurre a la violencia, sino a la negociación. “Nosotros nos dedicamos a resolver conflictos. Muchas compañías han cambiado incluso la denominación de sus servicios, evitando la palabra ‘desocupación’ y sustituyéndola por ‘mediación’, aunque no siempre cuentan con profesionales cualificados en este ámbito”, explica.

El mismo ha participado en negociaciones de alcance internacional. Como ejemplo, menciona una intervención en Sicilia para recuperar maquinaria robada valorada en un millón de euros. Según relata, fue necesario negociar incluso con la mafia siciliana, ya que la vía judicial no ofrecía una solución eficaz. 

El perfil de los ocupantes

En cuanto al perfil de las personas que ocupan viviendas, el asesor sostiene que la mayoría son extranjeros. “El 90% de los casos que encontramos actualmente corresponden a personas de otras nacionalidades. Tenemos muchos problema con los marroquíes, eso no quiere decir que todos sean iguales, pero sí es cierto que se las saben todas".

En este contexto, describe algunas estrategias utilizadas: “Hay quienes introducen a mujeres con niños pequeños o personas con discapacidad en la vivienda, lo que complica aún más cualquier intento de desalojo, ya que buscan ampararse en una situación de vulnerabilidad”. En algunos casos, asegura, estas familias llegan a recibir ayudas que oscilan entre los 5.000 y 10.000 euros. 

Un fenómeno en expansión

La ocupación en España continúa generando un fuerte debate social y político. Los afectados se encuentran atrapados entre procedimientos judiciales prolongados, el temor a perder su vivienda y la impotencia frente a una realidad que, en muchos casos, supera los mecanismos legales disponibles.

Mientras tanto, empresas como OPS2 Desocupaciones se presentan como una alternativa para gestionar estas situaciones, aunque los retos legales y sociales hacen que el problema esté lejos de resolverse.

“Son muchos los casos que podríamos contar”, concluye Gómez, subrayando la magnitud de un fenómeno que afecta tanto a propietarios como a comunidades enteras, y que en lugares como Toledo ha encontrado un terreno fértil para proliferar.