Los grandes olvidados en las ayudas para los afectados de la DANA de marzo por parte del Ministerio

La DANA que se vivió en marzo afectó a varios puntos de España y de Castilla-La Mancha, dejando imágenes muy duras. Pero en la comarca de Talavera de la Reina dejó tras de sí un reguero de destrucción y pérdidas, sobre todo en el sector agroganadero, uno de los más vapuleados por las condiciones meteorológicas. 

En COPE le hemos puesto voz a uno de estos afectados, Rodrigo García-Alejo, ganadero que vio cómo su explotación quedaba completamente anegada por la crecida del río Tajo el 21 de marzo. “Se me ponen los pelos de punta solo de recordarlo”, ha confesado al rememorar aquellos días en los que el agua arrasó su parcela, cubriendo de barro, estiércol y paja en mal estado sus instalaciones y provocando además la muerte de varios animales, tanto pequeños como adultos.

El golpe económico y la falta de respaldo

Para una explotación de tamaño medio como la de Rodrigo, la catástrofe ha supuesto un golpe económico difícil de asumir. Aunque en los días de la inundación contó con la presencia de responsables políticos que se acercaron a interesarse por la situación, la realidad cambió cuando llegó el momento de recibir ayudas. 

Hace apenas unos días recibió una carta del Ministerio de Agricultura en la que se le notificaba que no tendría derecho a compensaciones. La explicación fue que su actividad no se encuadra dentro de las categorías beneficiarias, ya que las ayudas solo contemplan a industrias, comercios y empresas de servicios.

Indignación en el sector primario

La resolución ha generado indignación en el ganadero, que recuerda que su trabajo es precisamente un servicio esencial para la sociedad: “Mayor empresa de servicio que dar de comer a un país no hay”. Rodrigo ha subrayado que cumple con todas las obligaciones fiscales como cualquier otro empresario, pero que, en el momento de la verdad, queda excluido de la red de protección. 

La frustración se agrava porque, además, se le exigió preparar un importante volumen de documentación para justificar las pérdidas: facturas, informes veterinarios y peritajes técnicos. Todo ello supuso un gasto añadido que, finalmente, no ha servido para nada tras la negativa del Ministerio.

Una normativa obsoleta

El fondo del problema se encuentra en una ley aprobada en 2005, que excluye expresamente al sector primario de estas ayudas. Rodrigo denuncia que, a pesar de los cambios de gobierno durante las dos últimas décadas, nadie se ha preocupado de actualizarla. 

El caso de Rodrigo refleja una situación que muchos agricultores y ganaderos consideran insostenible. “Tanto hablar de la España vaciada, pero ni en una desgracia ayudan”, sentencia el ganadero, y aunque le queda la posibilidad de presentar una reclamación, la desconfianza es grande.