Máxima tensión en el desalojo de unos bloques de viviendas en Guadalajara por una empresa de desocupación

Según publicaba ayer Guadalajara Diario, aproximadamente un centenar de viviendas de los edificios amarillos de Calle Francisco Aritio en la capital comenzaban a ser desalojadas desde primera hora de la mañana de este miércoles 29 de septiembre por una empresa privada de desocupación, integrada por más de 25 miembros. Una operación que contaba con la presencia de la Policía Nacional que hacia las 13.45 horas mandaba efectivos al lugar, retirándose unos quince minutos más tarde.

Entre momentos de máxima tensión, la empresa conseguía echar a varias decenas de okupas que llevaban meses provocando graves problemas de salubridad y seguridad entre los vecinos. Estos, que han apuntado al diario alcarreño que cada cinco pisos que hay en cada planta tres se encontraban ocupados de forma ilegal, han venido denunciando la continua presencia de basura, incluso de excrementos, en zonas comunes como escaleras y descansillos; la utilización de bombonas de butano a pesar de que los pisos no disponen de rejillas de ventilación ni salidas de humos, así como el uso de barbacoas dentro de las casas y numerosos enganches fraudulentos a la luz.

En COPE Guadalajara, hemos hablado con el gerente de un negocio de la zona, que ha afirmado que la existencia de okupas "afecta porque crea una gran sensación de inseguridad y, además, daña la imagen, por no hablar de alguna cosilla que se han llevado también".

A pesar de que algunos desalojados se han quejado de que el proceso se ha llevado a cabo con violencia, aludiendo al derribo de puertas sin previo aviso obligándoles a salir del interior de las viviendas, el comerciante consultado por nuestras ondas ha negado haber visto "nada raro, a pesar de estar al lado; no he visto a nadie que haya salido con palos ni cosas raras".

La mayoría de las viviendas son propiedad de Liberbank, banco con el que, según aseguran los vecinos, han intentado ponerse en contacto en numerosas ocasiones sin haber conseguido que les aportara solución alguna a la situación "insostenible" que padecían, especialmente a partir del verano de 2020. El punto de no retorno se produjo cuando los propietarios forzaron una reunión de la comunidad que permitió el cambio de presidencia, antes ostentada por la entidad bancaria. Una vez conseguido el cambio, se acordó la contratación de una empresa de desokupación.