La mina de Fontanarejo a juicio: alertan de graves riesgos para la salud y un posible desastre medioambiental como el de Aznalcóllar

La Plataforma "No a la Mina" y su representante legal, Ecologistas en Acción, ha llevado el proyecto de extracción de fosfatos que  la empresa Alcudia Phosphates S.L.  quiere poner en marcha en la pequeña localidad de Fontajarejo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, denunciando la Declaración de Impacto ambiental (DIA) que se concedió en su momento y un inicio presuntamente ilegal de las obras. 

En la vista, celebrada el pasado miércoles, ha declarado como perito de la parte demandante Ángel de la Cuesta, quien ha alertado en COPE sobre las deficiencias de la DIA que avala la explotación.

"no se puede esperar a que haya un accidente para actuar, hay que anticiparse"

La base de la demanda presentada por la Plataforma es que la DIA,  formulada por la empresa en noviembre de 2018 y concedida 4 de julio de 2022, "se aprobó poniendo muy pocas condiciones antes de empezar la actividad, prácticamente ninguna, y esperando un montón de estudios y de comprobaciones para después de iniciar la actividad" ha asegurado De la Cuesta. 

Según el experto, una "evaluación de impacto ambiental no puede esperar a que ocurra un accidente para actuar, sino que debe anticiparse" a los posibles problemas. 

Riesgos para la salud: partículas, uranio y gas radón

El recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes.  Entre ellos, el relativo a la presencia de elementos radiactivos en el suelo de la explotación. 

Según Ángel de la Cuesta, licenciado en química física y que ha trabajado durante muchos años en la industria del ácido fosfórico y en canteras, "la zona presenta emisiones naturales de gas radón, un fenómeno habitual en suelos graníticos pero menos frecuente en los de pizarra, predominantes en Fontanarejo".

Uno de los principales peligros es la contaminación del aire. Los vientos de componente sureste podrían "arrastrar hacia el pueblo las partículas en suspensión generadas en las voladuras, el transporte y el machaqueo de los materiales". 

Aunque cualquier partícula puede ser nociva, el problema se agrava por la composición del mineral.

En zonas de España con altas concentraciones de radón la incidencia de ciertos tumores es superior"

Ángel de la Cuesta

licenciado en química física y perito en la demanda conta la Mina de Fontanarejo

El material extraído es fosfato de calcio que, como es habitual en la naturaleza, contiene otros elementos. Uno de ellos es el uranio. 

La exposición de este mineral en la superficie provoca su descomposición y la generación de radón radiactivo, un gas que, al ser inhalado, se desintegra en los pulmones y produce otros elementos radiactivos que se acumulan en el organismo. 

De la Cuesta ha recordado que en zonas graníticas de España con altas concentraciones de radón "se sabe que la incidencia de ciertos tumores, como es el de pecho, pues es superior".

El fantasma de Aznalcóllar

En el ámbito medioambiental, la preocupación se centra en las balsas de decantación. 

El proceso de concentración del mineral produce aguas muy ácidas. Aunque la empresa promotora asegura que habrá "vertido cero" gracias a la reutilización de estas aguas, no se ha previsto qué sucedería en caso de un accidente. 

"¿Y qué pasa si se rompe una balsa? Porque todos conocemos el caso de Aznalcóllar. Tenía todos los parabienes del mundo, la balsa se rompió y causó un desastre", ha cuestionado el experto, criticando que la DIA no contemple un plan de contingencia para una catástrofe similar.

Obras iniciadas presuntamente con la DIA caducada

La plataforma también denuncia que la empresa ya ha comenzado los trabajos a pesar del proceso judicial en curso. 

Según De la Cuesta, las obras de movimiento de tierras se iniciaron el pasado mes de octubre, cuando la Declaración de Impacto Ambiental "llevaba caducada un año y medio". 

La empresa argumenta que la instalación previa de una caseta de obra fue suficiente para considerar iniciada la actividad, un punto que los demandantes rechazan y consideran "absurdo", afirmando que el verdadero inicio "de cualquier obra" es el levantamiento del acta de replanteamiento.

Como consecuencia de ese inicio de obras, ya se ha alterado una parte significativa de las 90 hectáreas del campo minero. 

"Han hecho un destrozo impresionante" lamenta Ángel, y "ese destrozo, en el caso de que la sentencia fuera favorable a nosotros, pues no sé muy bien cómo se podría solucionar, porque para volver aquello a su estado original, yo lo veo casi imposible".