Primer revés judicial para los propietarios del hotel ‘okupado’ en el sur de Tenerife: “Nos están tomando el pelo, esto es alarmante”

Nuevo capítulo de uno de los casos de ‘okupación’ más mediáticos y más polémicos de los últimos años en Canarias y en España. Y es que la pesadilla continúa para la empresa propietaria de Hotel Callao Sport, en la zona de Callo Salvaje, en Adeje, el municipio más pujante, turísticamente hablando de Canarias, junto a Arona, y San Bartolomé de Tirajana.

Una pesadilla que comenzaba el pasado 17 de febrero, cuando 12 personas entraron en este complejo hotelero de 92 habitaciones, en lo que inicialmente parecía un robo. La Guardia Civil, alertada después de que saltaran las alarmas instaladas por la empresa propietaria, detuvo a dos de ellas, pero las otras 10 se instalaron en el mismo. Y del presunto robo, pasamos a la ‘okupación’, sin ningún tipo de escrúpulos por parte de estas personas, que bajo el amparo del un ordenamiento jurídico que difumina un principio tan básico en un Estado de Derecho como es la propiedad privada, siguieron adelante con el proceso. Y claro, pronto, llegaron las quejas de unos vecinos asombrados con lo que estaba ocurriendo, y afectados por el ruido nocturno y la inseguridad.

Y ahí, justamente, es cuando empieza el recorrido mediático, de esta, cada vez más incomprensible historia. Cuando un oyente de COPE Canarias, residente en la zona, denuncia en Herrera en COPE Tenerife el calvario que están sufriendo los vecinos de un área fundamentalmente residencial y algo más alejada de la zona de mayor bullicio de un municipio turístico que cuenta con la mayor concentración de hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas lujo de toda Canarias, y una de las mayores de España.

TRES CLAVES PARA DAR CONTEXTO Y ENTENDER EL CASO MÁS MEDIÁTICO DE ‘OKUPACIÓN’ 

Para situar la noticia en su debido contexto, y entender la cuestión nuclear del problema, desde el inicio de la ‘okupación’ situamos tres claves fundamentales en el programa El Cascabel de Trece TV el pasado 25 de marzo, que podemos ver en el vídeo a continuación.

EL HOTEL ESTÁ ‘OKUPADO’N EN SUS 92 HABITACIONES PERO TAMBIÉN EN ZONAS TAN EXTRAÑAS COMO LAS CABINAS DE MASAJES EN EL SPA

Poco a poco, las 92 habitaciones del hotel, diseñado en su momento para un cliente que buscaba compaginar el ocio vacacional con la actividad deportiva, fueron ‘okupadas’. Pero no solo eso, también lo fueron las zonas comunes, como la recepción, el gimnasio e incluso las cocinas. El escenario es tan particular, la situación es tan estrambótica, que incuso en la zona del spa hay personas ‘residiendo’ de manera habitual.

Y todo ello, con la empresa propietaria, teniendo que hacer frente, por imperativo legal, a los gastos de luz de la instalación, que han llegado a multiplicarse por 3, con respecto a los tiempos en los que el hotel estaba abierto al público.

Pero siendo esto grave, posiblemente más graves es, que en el inmueble, se hayan instalado, de manera organizada, una serie de personas que están haciendo negocio con la reasignación y el ‘alquiler’ a terceros de los espacios ‘okupados’. Una situación esperpéntica que solo es comprensible desde la perspectiva de una normativa alejada de la realidad que sufren los legítimos propietarios. El trapicheo de las habitaciones y los espacios disponibles es continuo, y los propietarios han podido constatar que hay un grupo organizado que obtiene un lucro económico a cambio.

PRIMER REVÉS JUDICIAL: EL FISCAL se OPONE A LAS MEDIDAS CAUTELARES

En cualquier caso, este nuevo giro de esta esperpéntica historia, tiene que ver con la lucha judicial emprendida por los propietarios de la instalación. Una lucha que comenzaba con la interposición de denuncias policiales por robo, y de demandas judiciales, que a pesar de todo, no han podido evitar por el momento los graves perjuicios causados.

Y es que según ha confirmado la administradora única de la empresa propietaria hoy en Herrera en COPE Tenerife, el informe de la fiscalía, pide al juez titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona, encargado de este caso, denegar las medidas cautelares pedidas por la defensa, y que pasaban por el desalojo inmediato del hotel. En su escrito, el fiscal no observa “criterios de proporcionalidad para una medida de este tipo”, citando jurisprudencia previa aplicable a este caso.

Carmen Margarita (nos pide que obviemos su apellido), afirma que esta conclusión del fiscal llega “a pesar de los informes favorables de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están investigando el caso”. Indignada, recuerda que los propietarios habían puesto en marcha, “varias acciones judiciales por la vía penal, y por la vía civil, además de multitud de denuncias por robo”, pero más allá de eso, “nos parece sorprendente que el fiscal se oponga a esta medida cautelar del desalojo”.

La administradora única lamenta que “hemos aportado pruebas, informes de la Policía Local y Guardia Civil que reflejan lo dramático de la situación, pero debe ser el que el fiscal no se los ha leído, porque no ve nada de lo que estos policías detallan por escrito”.

Aquí hay un grupo de personas que han desvalijado el hotel y que están llevando a cabo una serie de actividades delictivas"

Carmen Margarita

Administradora Única de la empresa propietaria

En su relato, explica que “solo habla de una sentencia de 2020, que lo que dice es que tiene que haber una proporcionalidad entre la adopción de esta medida y los hechos, sin que él aporte ninguna alternativa”. Y además, ante el asombro de los propietarios, “afirma que no hay indicios de que haya una organización criminal, cuando allí hay un grupo de personas que han desvalijado el hotel y que están llevando a cabo una serie de actividades delictivas, en un hotel que está para echarse a llorar”.

Para colmo de males, la empresaria relata que “el fiscal pide que se identifique a todos los ‘okupas’, y eso es materialmente imposible” explicando que, “entran y salen continuamente, el otro día, por ejemplo, entró una pareja con un Mercedes clase A, para que vea que aquí entra toda clase de personas”.

IMPOTENCIA E INDIGNACIÓN: “ES ALARMANTE”

Así las cosas, Margarita sentirse impotente, ante el incomprensible desamparo legal que sufre y que no le permite tomar decisiones sobre su legítima propiedad. “Nosotros, si queremos vender ahora este hotel, es que ni siquiera podemos entrar y enseñarlo a un cliente”, afirma, añadiendo que “teníamos una previsión de venta, pero no podemos porque ni siquiera podemos entrar, es alarmante”.

El resultado de todo esto, es que, “nos están causando perjuicios a nosotros, con unos gastos que no nos corresponden”, pero también a terceros, “porque la comunidad de vecinos que viven cerca lo pasa muy mal, con gente que no sale a pasear a los parques porque no se sienten seguros”.

La impotencia y la indignación están muy presentes en toda la conversación con Margarita, además de una sensación de incomprensión ante una normativa que no solo no da una solución, sino que protege a las personas que delinquen. Así que, en un alarde de sinceridad, la máxima responsable de una empresa canaria, que genera economía y crea puestos de trabajo, confiesa que lo que siente, es que “me están tomando el pelo, a mí y a todos los vecinos de la zona”.